La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantienen vigente la carpeta de investigación FED/FECC-VER/0000114/2019 por un monto de casi 350 millones de pesos en recursos federales presuntamente malversados en el sistema estatal de videovigilancia (de los cuales el juez federal Gustavo Stivalet Sedas sólo vinculó por 80 millones), lo que confirma la existencia de una investigación que involucra al exgobernador Miguel ángel Yunes Linares.
Además de que existen otras dos carpetas por dicho fraude y siguen su curso legal por montos de 590 millones (recurso estatal Fobire asentada en la carpeta de investigación UAT/D-XI/XAL/4/731/2024) y 104 millones (recursos del Fafev en la carpeta de investigación FED/FEMCC-VER0000107/2024) iniciadas por entes autónomos y ajenos al gobierno estatal, como son la UIF y la ASF
En declaración a medios, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que se avecina una persecución política contra él y algunos de sus allegados y afirmó que no existen denuncias en su contra por uso de recursos federales presuntamente malversados durante su gestión.
Sin embargo, ya hubo una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) que determinó inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público y la condena a pagar una indemnización por 694 millones 523 mil 721 pesos a Jaime Ignacio Téllez Marié, Juan Carlos Saldaña Morán, Guillermo Moreno Sentíes e Iván Cuauhtémoc Santos Álvarez, todos ellos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración gubernamental del panista-perredista, a consecuencia de lo que resultó un fraude administrativo “de todo un Sistema de Circuito Cerrado por el que fueron pagados mil 44, millones 523 mil 721 pesos”, provenientes de recursos estatales y federales.
El 15 de marzo de este mismo año, el magistrado Jaziel Cabrera Pacheco del Trijaev confirmó en el procedimiento de Responsabilidad Administrativa: PRA/13/2020/SRC-IX la corresponsabilidad de los funcionarios yunistas en el daño patrimonial por dicha suma.
Se recordará que en octubre del 2017, el panista anunció la instalación de 6 mil 476 cámaras de videovigilancia y afirmó que el sistema funcionaría en lugares estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, 2 mil 52; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 84.
En ese momento, estimó el costo del sistema en 700 millones de pesos. Presumió que el sistema estaría compuesto por estaciones de monitoreo para el seguimiento y persecución de delitos, un centro de datos que será operado por personal capacitado, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y además que cada cámara tendría inteligencia artificial, detectaría movimientos, reconocería los datos faciales y se conectaría a la base nacional.
De tal manera que mediante el contrato SSP-UA-111/17, la administración de Yunes Linares adjudicó de manera directa a la empresa Comtelsat SA de CV por un monto de mil 153 millones de pesos, más un monto de hasta 116 millones de pesos por el servicio de electrificación que proporcionaría dicha empresa, cantidad que fue financiada con recursos de diversas fuentes, entre ellas, con los subsidios federales otorgados por la Federación al gobierno del estado de Veracruz mediante el Convenio 119, suscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 22 de marzo de 2018.
En su sentencia, el resolutivo del Trijaev determinó que de acuerdo con dicho convenio, fueron 350 millones de pesos de recursos federales los que se utilizaron para cubrir el pago a Comtelsat. Es en este caso donde podría resultarle vinculación al aspirante a una curul senatorial.
En abril del 2019 y ante el incumplimiento de la empresa Comtelsat, el gobierno veracruzano interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude cometido dado que, según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al momento no han sido instaladas ni el 40 por ciento, además que ante la negativa de la empresa por dar a conocer el estado real del funcionamiento del sistema, se desconoce cuántas se encuentran en operación o no, además que los equipos no aparecen en las inspecciones físicas conducidas por la SSP.
La denuncia quedó en firme hasta la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (Tejaev) ante las evidencias y la aparición de denuncias públicas sobre la inexistencia del sistema de videovigilancia, el 24 de abril de 2019 la autoridad inició de oficio “una diversa investigación con número de expediente OICSSP/DTyA/036/2019 al haber advertido de la información publicada en dichas notas actos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa.
Al considerar que los hechos objeto de ambas investigaciones se encontraban relacionados el 25 de octubre de 2019 la autoridad investigadora acordó la acumulación del expediente OICSSP/DTyA/036/2019 al expediente OICSSP/DTyA/001/2019 según el acta circunstanciada del Trijaev.
Sin embargo, el extinto Tejaev daba tibio curso a las denuncias y dilataba su avance dado que tal organismo respondía y protegía los intereses del exgobernador Yunes Linares, quien lo creó en diciembre del 2017, cuando nombró como magistrados a Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y a su secretario particular, Pedro José María García Montañez como presidente del organismo.
Pero fue hasta el 6 de febrero de 2024 cuando se dio a conocer la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz cuando tomó curso de acción la aplicación de sanciones administrativas por el caso de las cámaras de vigilancia.
