La auditora general del estado, Delia González Cobos, informó que la inhabilitación de 65 funcionarios yunista está en firme y destacó que, como parte del proceso de seguimiento de las Cuentas Públicas, existe la posibilidad de que se apliquen sanciones a funcionarios de 2019 a 2021.
Recientemente se entregó el informe de seguimiento de las Cuentas Públicas del 2017 al 2020. Ahí se detalla que más de 60 funcionarios, la mayoría del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fueron inhabilitados de la función pública.
“Son las decisiones que toma Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (Tejav), en esos casos esas determinaciones corresponden al Tribunal, cuando enviamos a ellos los informes de presunta responsabilidad administrativa. Dependiendo de lo que ellos encuentren hacen una calificación y determinar qué procede”.
Destacó que el hecho de que la mayoría de las inhabilitaciones, que ya están firmes, se concentren en 2017 y 2018, no implica que como parte del seguimiento a la revisión del periodo 2019 y 2020 se puede incluir a trabajadores de su gobierno.
“No tenemos diferencias entre uno y otro partido, estamos en el trabajo según los expedientes que tengamos. No se descartan, actuamos con imparcialidad”.
Aclaró que no conoce el periodo de inhabilitación de los funcionarios, sin embargo, se respetará el periodo en el que no podrán estar en la función pública. Confirmó que se tiene un paquete de denuncias que tendrán que ser presentadas. Esta semana que inicia se interpondrán al menos 20, “son muchos más, solo que separamos algunas cuántas porque hay detalles que revisar, pero sí tenemos en mente al menos 40 denuncias”.
Del seguimiento a la Cuenta Pública 2017, se mostraron 34 informes de presunta responsabilidad administrativa; y se determinaron 87 sanciones, e interpusieron 10 denuncias penales.
En el caso de las 87 sanciones se dieron tres inhabilitaciones y una sanción económica en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dos inhabilitaciones en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); otra en la de Salud (SS), además, tres inhabilitaciones en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, más una amonestación y un apercibimiento público.
También se inhabilitó a dos funcionarios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytev); cuatro en el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), otra más en la Oficina Operadora de Cosamaloapan; dos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el mismo número de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Se inhabilitó a tres ex funcionarios de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. Y a cuatro funcionarios del Instituto Tecnológico de Xalapa.
También se les impidió estar en la función pública a ex trabajadores de los Tecnológicos de Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Chicontepec, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Pánuco, Perote y a otros entes, además de decenas de amonestaciones públicas a ex funcionarios municipales.
Del ejercicio fiscal del 2017 se acumulan un total de 60 denuncias que suman un monto de 852 millones 429 mil 651 pesos. Y se prevé, se presentarán ocho nuevas denuncias de expedientes que se turnaron al jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en los municipios de Amatlán de los Reyes, Aquila, Misantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tepatlaxco, Zaragoza y Zozocolco de Hidalgo.
En el proceso de fiscalización del 2018, se fincó responsabilidad administrativa y se inhabilitó a autoridades de dependencias como Planeación y Finanzas (Sefiplan), Educación de Veracruz (SEV), SIOP, Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Rural (Sedarpa), Turismo y Cultura (Sectur), y Desarrollo Social (Sedesol), así como la Coordinación de Comunicación, todos ellos funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Además, personas involucradas con Fideicomisos y 20 institutos tecnológicos, el Seguro Popular y Sesver están siendo investigadas por su presunta responsabilidad administrativa.
En 39 expedientes se determinaron sanciones administrativas, en ese caso, resalta que se dictaron siete inhabilitaciones temporales en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). En el municipio de Maltrata se determinó una multa.
En el resto de los casos se dieron amonestaciones públicas o privadas contra funcionarios o ex funcionarios de Acajete, Acatlán, Actopan, Atzacan, Banderilla, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Coscomatepec, Huatusco, Jalcomulco, Las Choapas, Las Minas, Maltrata, Mecatlán. En Medellín de Bravo suspendieron a un trabajador por tres días, al igual que Nanchital, Naranjos, Pánuco, Papantla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapa, Soteapan, Tecolutla, Tenampa, Tempoal, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Totutla, Úrsulo Galván y Xoxocotla.
Además, se amonestó a funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Drenaje de Banderilla y la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) de Fortín. En ese año, se interpusieron cuatro denuncias por el manejo de recursos públicos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), así como en los ayuntamientos de Agua Dulce, Jáltipan y Tamalín.
De manera adicional se presentaron siete denuncias por mil 177 millones de pesos que incluyen el sistema de videovigilancia de Yunes, otra más contra su hijo Fernando Yunes, alcalde de Veracruz, así como contra funcionarios de la SEV y la SIOP, que encabezó Julen Rementeria del Puerto, hoy senador que estuvo en la dependencia los meses de enero y febrero.
Asimismo, se turnaron nuevos expedientes para interponer tres denuncias en los casos de la Secretaría de Educación de Veracruz, el Tecnológico de Alvarado y a quien resulte responsable del municipio de Ixhuatlán de Madero.
En el seguimiento de la aprobación de la Cuenta Pública 2019, el Orfis ha emitido 56 amonestaciones públicas y privadas contra funcionarios o ex funcionarios municipales de: Acajete, Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada. Atzacan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Huatusco, José Azueta, Las Minas, Misantla, Nanchital, Pánuco, Pueblo Viejo, Totutla, Úrsulo Galván, y personal de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.
Se turnaron 28 expedientes al jurídico para presentar denuncias contra quien resulte responsable por faltas graves en el manejo del presupuesto en el Tecnológico de Perote y en los municipios de: Altotonga, Alvarado, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Aquila, Castillo de Teayo, Chalma, Chinameca, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa. Así como Jesús Carranza, La Perla, Lerdo de Tejada, Amatlán, Oteapan, Pajapan, Pánuco, Sayula de Alemán, Tancoco, Tecolutla, Tempoal, Texistepec, Tihuatlán, Tlaquilpa, Tres Valles y Yecuatla.
Del seguimiento del 2020, el segundo año de la administración de Cuitláhuac García y el antepenúltimo de los ex alcaldes, se emitieron amonestaciones públicas y privadas, suspensiones y apercibimientos privados a 57 funcionarios o ex funcionarios.
En la lista de ayuntamientos con amonestaciones públicas y privadas aparecen: Acajete, Actopan, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada, Atzacan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Huatusco, José Azueta, Las Minas, Pánuco, Pueblo Viejo, Totutla, Úrsulo Galván. En el caso de Agua Dulce se dio la suspensión temporal de dos trabajadores, y en Texistepec dos apercibimientos privados.
Además, se turnaron 15 expedientes a la Dirección Jurídica, para interponer denuncias penales contra quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos en Colipa, Cazones de Herrera, Cosamaloapan, Ilamatlán, Huayacocotla, Mixtla de Altamirano, Amatlán, Perote, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Tepetzintla, Tequila, Tres Valles, Texistepec y Zacualpan.
