Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a informar sobre las gestiones diplomáticas para solicitar la extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, quien está preso desde 2017 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Abdalá Saad ha sido acusado por delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, planteó que transparentar la información requerida permite la fiscalización de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, particularmente en este tipo de casos, “que son trascendentales para nuestro país y que no pueden quedar delimitados al ámbito privado”.
Consideró que “debe prevalecer el interés público ante la clasificación, ya que se trata de información respecto del desvío de miles y miles de millones de pesos, que claramente no afectan únicamente al patrimonio de Veracruz, sino vulneran muchos derechos humanos que se deben garantizar a través de la asignación de estos recursos”.
El asunto llegó al pleno del INAI, luego de que ante una solicitud de información, la cancillería respondió que brindar información sobre si existe o no una petición de extradición en contra de una persona se contrapone al derecho de la presunción de inocencia, por lo que clasificó como confidencial lo requerido, basándose en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al analizar el caso, la ponencia de Alcalá Méndez llevó a cabo una prueba de interés público, en la que se determinó que informar lo requerido permitirá conocer las condiciones de la procuración de justicia contra exfuncionarios públicos que incurrieron en actos de corrupción; asimismo, facilitará la evaluación de las acciones que lleva a cabo la SRE para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso de extradición. Además, se determinó que la difusión de la documentación requerida garantiza el ejercicio de acceso a la información, transparenta la administración pública y favorece la rendición de cuentas.
