De las casi 200 denuncias penales por incumplimiento de un deber legal o daño patrimonial de los ejercicios fiscales del 2017 al 2021, sólo dos órdenes de aprehensión ha girado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Veracruz, reveló la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos.
Entrevistada en el marco de la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo que encabezó, la funcionaria estatal mencionó que las órdenes de aprehensión giradas son en contra de los exalcaldes de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada y dijo desconocer si algunas de las denuncias ya fueron desechadas por la Fiscalía.
No obstante, admitió que constantemente el organismo autónomo le está solicitando información adicional para completar las carpetas de investigación.
“Nosotros, por lo regular, presentamos denuncias por incumplimiento de un deber legal. Dentro de eso explicamos los hechos que constituyen delitos, que es la falta de comprobación y documentación apócrifa”, detalló.
Consideró que dado que estos temas son tratados con mucha reserva por parte de la Fiscalía, no se da a conocer los avances de los casos porque “la ley no la obliga a dar información al Orfis y nos enteramos a través de los medios de comunicación”, aunque dijo tener conocimiento de dos casos claros de consignaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) y hay varias órdenes de presentación.
La auditora general del Orfis expuso que los diputados locales han insistido en que se presenten las denuncias para evitar que persista la impunidad y sobre todo porque se requiere generar confianza en el trabajo que realiza este organismo.
Por otro lado, adelantó que se prepara otro paquete de denuncias por diversas irregularidades en la entrega de las cuentas públicas y que están relacionadas con el uso de documentación apócrifa, falta de documentos, así como el que no se acredite el uso de recursos públicos, “entonces estamos obligados a presentar la denuncia con esas evidencias”, aseveró.
Por último, Delia González Cobos reconoció que al denunciar penalmente estas irregularidades cometidas por servidores públicos inhiben los malos manejos en las que puedan incurrir las autoridades municipales y estatales, garantizando con ello un mejor uso de los recursos públicos, por lo que se seguirá sobre esta misma línea, en contra de aquel que incurra en alguna anomalía.
