Orizaba, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, anunció que intervendrá para revisar las denuncias de habitantes por presuntas descargas contaminantes en el río Chicola-San Miguel –que cruza los municipios de Ixtaczoquitlán y Fortín– y esclarecer si existe contaminación en este afluente.
El legislador reconoció que la inquietud social en la región ha ido en aumento, luego de que pobladores reportaran desde diciembre de 2025 cambios visibles en el río, entre ellos variaciones en la coloración del agua, olores desagradables y presuntas descargas que, según testimonios, ocurrirían principalmente durante la noche. Vecinos y autoridades comunitarias aseguran haber detectado puntos donde aparentemente se hacen descargas hacia el cauce, lo que ha causado preocupación debido a que el río forma parte de un sistema hídrico que abastece y atraviesa diversas comunidades de la zona centro de Veracruz.
Bautista Hernández explicó que ya sostuvo comunicación con autoridades municipales de Ixtaczoquitlán para conocer detalles de la problemática, particularmente en lo relacionado con algunos manantiales ubicados en las congregaciones de Cuautlapan y Campo Chico.
Según comentó, análisis preliminares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicaron que en ciertos puntos se detectó turbiedad de origen natural y no necesariamente contaminación química, aunque subrayó que esos resultados corresponden a estudios específicos y no descartan que en otros tramos puedan existir problemas distintos.
Por ello, el río San Miguel-Chicola requiere un análisis más amplio y detallado, sobre todo ante los señalamientos de habitantes que han señalado posibles puntos de descarga clandestina. “Cuando existen denuncias acompañadas de evidencias, lo correcto es atenderlas. Por eso hago un llamado a los alcaldes de estos municipios para que soliciten formalmente el respaldo del Congreso. De ser así, acudiré personalmente al sitio y llevaremos especialistas de laboratorio para realizar muestreos y determinar qué está ocurriendo”, expresó.
El legislador sostuvo que, en caso de comprobarse algún tipo de afectación ambiental, las autoridades correspondientes deberán actuar para deslindar responsabilidades. “Si hay irregularidades, se deben investigar y sancionar. No puede haber encubrimiento ni complicidades. Si existe alguna empresa o cualquier responsable detrás de estas descargas, se tiene que aplicar la ley”, enfatizó.
La preocupación de los habitantes se ha mantenido desde finales del año pasado, cuando comenzaron a detectar episodios de presunta contaminación. En recorridos incluso se habría identificado la posible presencia de un ducto de descarga hacia el río. Esto podría afectar no solo al cauce del afluente, sino también a manantiales cercanos que son utilizados por comunidades rurales, así como a parcelas agrícolas que dependen del agua del río.
Además, existe inquietud por el impacto que la contaminación pudiera generar en la biodiversidad de la zona, particularmente dentro del área natural protegida conocida como Área Natural Protegida Metlac–Río Blanco, donde confluyen distintos ecosistemas y especies.
A pesar de que las primeras denuncias formales fueron presentadas hace más de tres meses ante instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Conagua, hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente un dictamen técnico que determine con precisión el origen de las presuntas descargas.
Ante este panorama, Bautista Hernández reiteró que el Congreso del Estado puede impulsar gestiones para que se realicen investigaciones técnicas más profundas, siempre y cuando el tema sea presentado formalmente ante el Poder Legislativo.
“El medio ambiente no puede quedar desprotegido y tampoco las comunidades que dependen de estos recursos naturales. Si el caso llega a nuestra mesa de manera formal, le vamos a dar seguimiento puntual hasta aclarar la situación”, concluyó.
