La presión en medios de comunicación sobre el presunto daño patrimonial en el que incurren algunos alcaldes o exalcaldes acelera el proceso de solventación y reducción de los montos que se les señala como presunta malversación.
La auditora general del estado, Delia González Cobos, planteó que cuando se hace público el monto del daño patrimonial, que para el 2022 fue de más de mil 500 millones de pesos, los alcaldes empiezan a ocuparse de entregar la documentación que les permite justificar cómo se gastó el dinero.
Previo a que se hiciera público el daño se mencionó que el monto podría superar los 3 mil millones de pesos, sin embargo, cuando se entregó el informe final lo observado se dejó en mil 500 millones, especialmente para los municipios.
De ese total, se mencionó que un gran porcentaje estaba relacionado con falta de documentación para solventar obras que ya estaban operando, pero que no tenían los permisos, por lo que se planteó que el tema de tendría que quedar sólo como una observación administrativa y no en daño patrimonial.
La auditora explicó que ya se inició la etapa de aclaración en la que los entes fiscalizables, especialmente los ayuntamientos, empiezan a enviar documentación para justificar cómo se gasta el dinero y explicarle al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) si sigue pendiente la tramitación de permisos.
La funcionaria del Orfis fue enfática en señalar que muchas veces la reducción del daño patrimonial depende de que se liberen permisos o autorizaciones de otros entes como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
González Cobos planteó que en algunas ocasiones interponen denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa (Trijaev) o la propia Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, el hecho de que la obra sí existe es un atenuante, por lo que el tema queda en lo mediático y eso hace presión a los alcaldes para solventar lo más rápido posible.
