Integrantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua acudieron a las oficinas del organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para entregar un documento con propuestas en torno a la iniciativa del acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La acción, que fue replicada en otros estados, busca crear puentes de diálogo y presentar propuestas en torno a esta iniciativa a la que convocó la presidenta el día que rindió protesta en el cargo y en el que prometió reformas jurídicas necesarias para enfrentar los grandes retos en la gestión del agua y asegurar su uso equitativo y sostenible en México.
Al respecto, Luisa Paré, integrante de esta Contraloría, recordó que en 2012 se conformó en el país la Coordinadora Nacional “Agua para todos, agua para la vida” a partir de la cual se elaboró una iniciativa ciudadana para la ley general de aguas que no fue dictaminada ni avalada en el Congreso de la Unión.
Lamentó que han pasado cuatro legislaturas y que aún no se ha aprobado una Ley General de Aguas, mandato de la ONU en 2012 ya que se debía tener en un año. Es así como seguimos con la Ley de Aguas Nacionales que nos ha conducido a la actual crisis hídrica.
Y es que dijo que la Ley de Aguas Nacional que existe fue aprobada cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio copiando el modelo de Chile, pero fue una ley que exigían los socios del tratado, Estados Unidos y Canadá y había un “machote” general para diferentes países, en cuestiones de inversión.
En ese sentido agrega que si bien la ley menciona el derecho al agua y al saneamiento esta no señala con claridad en su articulado que se tenga lo necesario para garantizar este derecho, de ahí que es necesario tener una nueva ley que se ajuste a la actualidad.
“Una cosa es que lo nombren, el derecho, como en la Ley de Aguas 21 de Veracruz y otra cosa que se garantice el derecho en el resto de la ley”, señaló.
Padecemos una crisis de desarrollo en América Latina
El 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, invita a reflexionar y actuar para construir una sociedad que priorice el cuidado de las personas y del planeta. Enfrentamos una crisis de desarrollo en América Latina y el Caribe, sumida en tres grandes trampas: baja capacidad para crecer, alta desigualdad y limitada capacidad institucional. Ante esto, la Cepal ha documentado una crisis de los cuidados persistente, exacerbada por el envejecimiento de la población y los efectos del cambio climático.
En nuestra región, las mujeres y niñas soportan una carga desproporcionada de trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado. Además, enfrentamos una insuficiencia crónica de inversiones, infraestructura y políticas que reconozcan la importancia de este trabajo. Una de cada cuatro mujeres en América Latina no tiene ingresos propios, casi tres veces más que los hombres. La mitad de las mujeres están fuera del mercado laboral y, de ellas, más de la mitad no trabajan de forma remunerada debido a responsabilidades familiares y de cuidado.
La división sexual del trabajo sigue relegando a las mujeres al ámbito doméstico. Ellas dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Mientras las tecnologías avanzan, las demandas de cuidado no disminuyen. Actualmente, más de 95 millones de personas mayores de 60 años viven en la región (14.3 por ciento de la población), y se espera que este grupo represente 25 por ciento para 2050. Este envejecimiento rápido incrementa las necesidades de cuidado a largo plazo, sobre todo para personas mayores de 80 años, muchas de ellas sin protección social adecuada.
Es urgente diseñar políticas que aborden estas crecientes necesidades y mejoren las condiciones de quienes brindan cuidados. Estas políticas deben promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como entre los hogares, el Estado, la comunidad y el sector privado. Además, es necesario crear empleos de calidad en la economía del cuidado, impulsando los servicios a largo plazo y reduciendo la carga de trabajo no remunerado en los hogares. Esto no sólo dinamizaría la economía, sino que también eliminaría uno de los principales obstáculos para la participación laboral de las mujeres.
Para que la creación de empleos en este sector sea efectiva, es fundamental garantizar el trabajo decente, en condiciones laborales dignas, formalización y protección social. Esto es especialmente relevante para las personas trabajadoras domésticas y para las personas migrantes, quienes suelen estar en situaciones laborales más precarias.
América Latina y el Caribe ha avanzado en políticas y sistemas de cuidado en la última década, destacándose por innovaciones normativas y la mejora en estadísticas de género, especialmente en la medición del uso del tiempo. Reconocer el cuidado como un derecho y un trabajo esencial ha sido clave en la consolidación de este enfoque. La Agenda Regional de Género, adoptada a lo largo de casi cinco décadas en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ha impulsado este cambio. En el Consenso de Brasilia (2010) se reconoció por primera vez el derecho al cuidado, lo que se reforzó en el Compromiso de Buenos Aires en 2022.
El enfoque en el cuidado también ha ganado relevancia en otros espacios intergubernamentales en la Cepal, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), la Conferencia Regional sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores (Asunción 2017 y Santiago 2022), y la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (2023). Estos encuentros reflejan un consenso creciente sobre la necesidad de abordar el cuidado como un pilar para el desarrollo sostenible.
La sociedad del cuidado es el horizonte hacia el que debemos avanzar. Superar las trampas del desarrollo requiere transformaciones profundas que sólo se lograrán mediante la solidaridad intergeneracional, inversiones estratégicas y cooperación regional. Impulsar una sociedad del cuidado nos invita a actuar y construir un futuro más inclusivo, productivo y sostenible, donde el bienestar de todas las personas esté en el centro de nuestras políticas.
Este llamado no sólo es urgente, sino también ineludible. Actuar hoy es sembrar esperanza para las generaciones futuras y asegurar que el cuidado, en todas sus formas, sea reconocido como el cimiento de una sociedad más justa.
Sólo 9.4% de hablantes de lengua indígena cuenta con educación superior: Coneval
Sólo 9.4 por ciento de la población hablante de lengua indígena cuenta con educación superior, mientras que la proporción es de 35.9 por ciento en el segmento de personas que no se comunican bajo esa modalidad, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La educación superior se conforma por los programas posteriores a la enseñanza secundaria, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El Coneval presentó el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 y la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la educación 2023-2024, donde determinó que se requiere una estrategia integral que ponga en el centro el bajo rendimiento académico de los estudiantes mexicanos.
A su vez, que esa estrategia busque fortalecer los diferentes factores asociados al aprendizaje y brinde prioridad a los centros escolares cuyo rendimiento es menor.
El análisis muestra que la primera limitante para la garantía del derecho es la baja cobertura de los servicios educativos para niños, jóvenes en edad de educación superior, población hablante de lengua indígena (HLI) y personas con discapacidad.
A su vez, el estudio dejó ver que las personas con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) están limitadas para tener acceso a la educación.
“Existen brechas significativas en la asistencia entre la población por encima y por debajo de la LPEI, y estas tienden a ampliarse al avanzar las trayectorias educativas”, mencionó el Coneval.
Las diferencias en puntos porcentuales para la asistencia son de 3.6 puntos porcentuales en preescolar, 2.2 en primaria, 7.9 en secundaria, 15.2 en educación media superior y 14.0 en educación superior, con menores tasas de asistencia para la población con ingreso inferior a la LPEI.
Coneval identificó un alto rezago educativo y analfabetismo en la población hablante de lengua indígena que habita en el ámbito rural, particularmente en población adulta mayor y en población de 15 años o más que no completó su educación obligatoria
En el 2022, 1 de cada 5 personas no había concluido sus estudios de educación obligatoria. El 46 por ciento de las personas con 65 años o más, el 46.4 por ciento de la población hablante de lengua indígena, 44.8 por ciento de personas con discapacidad y 31.4 por ciento de los habitantes de localidades rurales tenían rezago educativo.
Además, hay brechas que afectan a las escuelas indígenas, comunitarias, multigrado y telesecundarias: en la Prueba Planea 2018 entre 70 y el 80 por ciento de los estudiantes en escuelas indígenas y comunitarias obtuvieron el nivel de logro mínimo, y no se registraron estudiantes con puntajes sobresalientes.
En la Prueba Planea 2019, el 42.5 por ciento de los estudiantes de telesecundarias obtuvieron un dominio insuficiente en lenguaje y comunicación contra 32.8 por ciento a nivel nacional.
Es necesario considerar que las escuelas comunitarias no cuentan con personal docente, sino educadores comunitarios, mientras que en las escuelas multigrado un solo docente atiende a varios grupos.
Avance interrumpido
El inicio tardío, rezago e interrupción de las trayectorias educativas son problemáticas que vulneran el derecho a la educación en general.
En 2022, la tasa de cobertura neta para el grupo de 6 a 11 años fue de 94.3 por ciento, pero disminuyó a 83.6 por ciento para las personas de 12 a 14 años, y cayó a 67.2 por ciento para el grupo de 15 a 17 años.
