El Congreso de Veracruz podría ser multado con poco más de 24 mil pesos o se podría iniciar proceso judicial a los diputados locales por no atender la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó suspender los cambios en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
Desde el 27 de febrero se publicó la resolución del recurso de queja 1/2023-CA de la controversia constitucional 266/2022, en las que se emplazó al Congreso a que en 15 días atendiera la resolución de la Corte, o en todo caso justificara su actuar ante los ministros.
El 30 de diciembre los ministros determinaron suspender el cese de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (Tejav) nombrados en 2017, y que no sean individuos a indemnización, luego que el pleno aprobó su extinción.
Dicha medida tenía como objetivo suspender la entrada en operación de los nuevos magistrados nombrados por la mayoría legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En 2017 cuando se creó el tribunal, el Congreso nombró a Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez.
El año pasado, Morena presentó una iniciativa para extinguir el Tejav y crear un nuevo órgano para impartir justicia administrativa y se ordenó liquidar con tres meses a los ex magistrados, hecho que fue impugnado y los ministros validaron que no debían ser cesados.
El 21 de diciembre del año pasado nombraron a Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Oróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar, y Rubén Hernández Mendiola, sin embargo, los ministros suspendieron cualquier acto de estos nuevos magistrados.
Apenas el viernes 3 de marzo, Leticia Aguilar Jiménez aseguró que ellos operaban en la legalidad, pues los ministros de la Corte no habían echado abajo sus nombramientos.
No obstante, el 27 de febrero la Corte dio al Congreso de Veracruz 15 días para dejar sin efecto los actos violatorios de la suspensión o rendir un informe y ofrecer pruebas, de lo contrario se presumirá la inejecución de la sentencia.
Ante ello, se dijo que se podría imponer una multa hasta por 120 días de salario mínimo vigente, que es de 24 mil 840 pesos, y si fuere insuficiente el apremio se procedería en contra por el delito de desobediencia, según el Código de Procedimientos Civiles.
