El diputado perredista Mauricio Prieto Gómez propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de garantizar que las autoridades federales, estatales y municipales propicien “un salario digno” al personal del sistema de seguridad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, busca que el personal del Ministerio Público (MP), de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, tengan acceso a una vida digna, así como a mejores condiciones laborales y salariales.
Señala que en México el salario de un policía va de 6 mil pesos a 18 mil pesos mensuales, con un promedio nacional de 13 mil pesos, es decir, que cada hora que un elemento policiaco patrulla, cuida, resguarda y arriesga su vida para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la sociedad, deteniendo a delincuentes, cuesta, en promedio, 20 pesos en jornadas de 24 y hasta 32 horas ininterrumpidas.
Por otra parte, los elementos policiacos no cuentan con la capacitación, unidades y equipo adecuados para llevar a cabo su trabajo, lo cual los coloca en una circunstancia de mayor riesgo al combatir a la delincuencia.
El legislador destaca que los criterios para definir los sueldos y salarios de las policías están acotados más por el costo de vida en cada región del país y no necesariamente por el nivel de peligro en el desempeño de sus labores.
Destacó que si bien el Ejecutivo federal se comprometió a mejorar las capacidades de las policías, así como sus percepciones laborales con la aplicación de un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, a la fecha esa intención no se ha concretado.
Por ello, el legislador indicó que es fundamental que los policías cuenten con salarios justos, estén capacitados, equipados y con una formación estratégica, pero también bien alimentados y con un descanso físico y mental suficientes.
Enfatizó que para mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales se podría reactivar el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), el cual era otorgado a los municipios y, en su caso, a los estados.
Añadió que con este recurso se cubrirían aspectos de evaluación de control de confianza a los elementos operativos municipales, además para su capacitación, homologación, mejora de las condiciones laborales, equipamiento, construcción de infraestructura y prevención del delito.
Asimismo, para la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, en general, apoyar la profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública.
