La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fue multada por un juez federal por desacato.
La funcionaria que ha estado en el ojo del huracán por ordenar a los jueces consultarle las decisiones de amparos de juzgadores federales recibió una multa por no atender el requerimiento de reinstalar a su homóloga Gladys Pérez Maldonado.
El monto es de 10 mil 374 pesos, por lo que el juez instruyó al servicio de contribuyentes de Veracruz que haga el descuento de la multa a la representante del Poder Judicial en el estado.
Además, la magistrada fue emplazada a que en un periodo no mayor a 10 días tendrá que ordenar la reinstalación, de lo contrario, será apercibida con una multa mayor.
“Requiérase nuevamente a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro de plazo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente año, convoque y celebre la sesión en la que la aquí quejosa Gladys de Lourdes Pérez Maldonado sea restituida en el cargo de magistrada, prevenida, que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el plazo indicado, le será impuesta una multa equivalente a 150 unidades de medida y actualización (uma)”.
El 4 de julio se le otorgó juicio de amparo 433/2020-I a Gladys Pérez Maldonado, luego de que el 27 de junio se requirió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para que en dos días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, convocará y celebrará la sesión en la que Gladys de Lourdes Pérez Maldonado fuera restituida en el cargo de magistrada.
Desde el Poder Judicial no se justificó el por qué no se sesionó, lo que se consideró un retraso a través de evasivas para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que se ordenó la multa contra la magistrada presidenta.
El 30 de mayo, el pleno del Congreso acató la orden de un Tribunal Colegiado, que quedó obligado a restituir en su cargo como magistrada del Poder Judicial del Estado a la abogada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, por un periodo de cinco años.
