La solicitud de juicio político, que admitió el lunes la Diputación Permanente del Congreso del Estado en contra de la ex alcaldesa de Tamiahua y actual diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlalli Medellín Careaga, fue calificada por la legisladora “de estúpida y ridícula”.
Cabe mencionar que la presidenta municipal de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, y los ediles Gimena Guadalupe, Santiago Sánchez, Luis Armando Juárez Román y Rafael Ramos Aranda remitieron a la Legislatura la solicitud de juicio político contra su antecesora por presunto daño patrimonial.
Esta solicitud fue remitida a la Comisión de Gobernación que preside la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Margarita Corro Mendoza, para valorar si dicha solicitud cumple con los requisitos para darle trámite a la Comisión Instructora.
Al respecto, Medellín Careaga sostuvo que la alcaldesa esta haciendo las funciones de “títere” y descartó que dicha petición tenga algún sustento legal para que ella sea separada de su cargo y hacer frente a la justicia.
“Quiero decirles que es sumamente estúpido y ridículo, porque no le puedo llamar de otra manera. ¿Cómo vas a enjuiciarme si no hay delito que perseguir, mientras que el Orfis y el Congreso no dictaminen la existencia de daño (patrimonial)?”.
Señaló que las denuncias en su contra son “una guerra mediática iniciada en su contra de parte de un grupo de políticos de su municipio que son movidos por un “titiritero”, “a ella (la alcaldesa Linda Guadalupe Rodríguez Torres) no le da su cerebro para hacer todo eso”, aseveró.
No obstante, aceptó que el Congreso local está obligado a darle trámite a la petición pero que se desechará porque no tiene elementos para poder enjuiciarla y retirarle el fuero constitucional.
“El Congreso tiene el deber y la obligación y darán carpetazo porque no tiene delito que perseguir. El que nada debe nada teme”, recalcó.
El 13 de octubre, la alcaldesa Linda Guadalupe Rodríguez Torres y ediles se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción para dar continuidad al proceso de investigación por presunto daño patrimonial que detectó el Orfis en la revisión de la Cuenta Pública por un monto de 10 millones de pesos, derivado de falta de documentación en obras públicas.
De acuerdo con dicho informe, de los 108 millones 674 mil 682 pesos que la administración de Medellín Careaga recibió en 2021, como partida en la Ley de Ingresos del Estado, se detectó un presunto daño patrimonial de 10 millones 849 mil 931 pesos, de los cuales 7 millones 988 mil 256 pesos están relacionados con obra pública.
