Orizaba, Ver.- La reforma electoral aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de diputados, “discrimina a los pueblos indígenas y afroamericanos del país”, acusó la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía.
La organización advirtió que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está en riesgo por la exclusión del régimen electoral de sistemas normativos internos en la reforma electoral aprobada.
En un comunicado, sostuvo que es regresiva y discriminatoria la supresión de la agenda indígena de la reforma a las leyes electorales aprobadas por Senado, por lo que urgió a la Cámara de Diputados a preservar derechos fundamentales de este sector de la población para salvaguardar el derecho de autodeterminación reconocido en la Constitución.
En este sentido, consideró que ante estos agravios el presidente López Obrador debe presentar de inmediato la reforma constitucional pendiente en materia indígena.
Agregó que más allá de los temas de dominio público que han suscitado una gran polarización en los medios y en la sociedad mexicana sobre la reforma electoral, lo cierto es que la Cámara Alta del Congreso de la Unión desechó derechos fundamentales de los pueblos indígenas consagrados en instrumentos internacionales y en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política mexicana, como son los que se refieren al respeto a los sistemas normativos propios y al autogobierno indígena.
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía aseveró que esto carece de sustento técnico ya que, por el contrario, el citado artículo constitucional reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación y la autonomía para darse sus propias formas de gobierno y crear y aplicar sus sistemas normativos; “de igual manera, tanto en la declaración de la ONU sobre derechos indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, recogen principios y normas que amparan la institucionalidad propia de los pueblos y comunidades indígenas”.
Recalcó que la postura adoptada por el Senado es regresiva y contraria al principio “pro persona”, recogido en el artículo 1 constitucional, que obliga a todas las instancias del Estado mexicano, incluyendo el Poder Legislativo, a interpretar las normas favoreciendo la protección más amplia a los derechos humanos.
“Este proceder también desconoce la composición pluricultural de la nación mexicana consagrada por la Carta Magna en su artículo 2, por lo cual resulta a todas luces discriminatorio de las formas de autogobierno de las poblaciones indígenas y afromexicanas, que se han venido ejerciendo históricamente en realidades como las de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y otras entidades del país.
Al presidente, Andrés Manuel López Obrador, “le pedimos turne de forma pronta al Congreso la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que sigue detenida en la Consejería Jurídica de la Presidencia y que resulta indispensable ante prácticas discriminatorias hacia nuestros pueblos y comunidades como las que se realizaron hoy por actores de influencia dentro del Senado de la República.