Orizaba, Ver.- El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) es el edén de ex funcionarios del gobierno estatal, quienes desde su cargo obtuvieron jugosas pensiones al momento de su retiro, “esos pagos no se comparan, en nada, con los que obtiene un trabajador del estado o de los municipios”, refirió César Silva Reyes, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Orizaba, aunque aseguró que el IPE no está en riesgo de quiebra.
“Desafortunadamente esto es verdad, existe una urgencia de que todos los ayuntamientos cumplan con sus pagos, pues están obligados a emitir las aportaciones al Instituto, llámese trabajador de confianza o sindicalizados”.
Por ejemplo, “los ayuntamientos están obligados a dar de alta también a su plantilla de trabajadores de confianza, que aunque no están sujetos a las condiciones generales de trabajo, también son merecedores de que se paguen sus aportaciones, recordemos que en el IPE están la gran cantidad de maestros de todas las organizaciones sindicales, están trabajadores de gobierno y este es un gran problema”.
Decimos esto porque “hay funcionarios públicos que se llevan pensiones mucho muy onerosas, comparadas con las de un empleado municipal o las de un maestro; las pensiones para los servidores públicos que trabajaron para el gobierno del estado son de cantidades sumamente importantes que financia el Instituto”.
Asimismo, “gobiernos anteriores –y esperemos que el actual no lo esté haciendo– saqueaban las arcas del Instituto para otros fines y lamentablemente a eso obedece el que un trabajador que pretenda jubilarse sus trámites se llevan a veces hasta dos años, parece ser que hoy con la administración de Daniela Griego Ceballos ya se están agilizando más los trámites, pero hubo épocas, hubo temporadas en donde un trabajador para poder gozar de una pensión tenía que esperarse más de dos años”.
Incluso, “algunos fallecían en el trámite, porque no había dinero, no había recursos y eran cientos y cientos de trabajadores ahí formados a la espera de que les pudieran otorgar su pensión, porque se retrasaban los pagos, porque el Instituto estaba saqueado, no tenía recursos y efectivamente ahora ya son más los jubilados que los activos de las propias instituciones gubernamentales”.
Sin embargo, el IPE “no está en riesgo de quiebra, no puede ponerse en riesgo tiene que capitalizar a base de aportaciones obrero patronales de los trabajadores al servicio del estado, del propio gobierno, de los municipios y los trabajadores deben estar conscientes de que el Instituto no hay que ponerlo en riesgo, sino al contrario volver a capitalizarlo.
”Se requiere que tenga recursos frescos de manera permanente para poder soportar todas las pensiones pendientes y ojalá no le vuelvan a incrementar la cuota al trabajador, porque ese es el otro gran problema, creen que la solución es estar aumenta y aumenta la cuota que paga el trabajador y eso, pues a la larga, también es perjudicial para los propios trabajadores, porque cualquier incremento que se les dé en sus revisiones de contrato entre el pago de impuestos y la cuota pues se les va una buena cantidad”.
Uno de los ayuntamientos que ya se regularizó y “eso es benéfico para las finanzas del IPE, es Ixtaczoquitlán, finalmente pagó más de 17 millones de pesos por un adeudo que se tenía de administraciones pasadas y que esto impedía que los trabajadores sindicalizados se pudieran ir jubilados ya que no les reconocía los últimos cuatro años de aportaciones, esto fue parte de una negociación que se hizo en el emplazamiento a huelga por revisión de las condiciones generales de trabajo y ahí por acuerdo de cabildo y con la petición del sindicato y los trámites que se hicieron ante el Tribunal Estatal de Conciliación, el Instituto de Pensiones del Estado”.
