La diputada federal Sofía Carvajal Isunza (PRI) informó que impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las Fiscalías de los estados a que brinden especial protección a madres y padres de personas víctimas de desaparición, que se involucran en las labores de búsqueda.
En un comunicado, refirió que se requiere un programa especial de acompañamiento y protección, así como brindar todo el apoyo institucional y el presupuesto necesario que requieran los familiares de personas desaparecidas en el proceso de búsqueda de sus seres queridos.
Carvajal Isunza también solicita a instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno establecer protocolos de vigilancia y protección permanente a los familiares, quienes son víctimas de amenazas o agresiones por parte de las autoridades o particulares que obstaculizan su tarea para alcanzar la justicia, así como el acceso a la verdad.
Explicó que, conforme a la Ley General en materia de Desaparición de Personas, las autoridades involucradas y la Comisión Nacional de Búsqueda tienen la obligación de organizar estos grupos para realizar las labores de localización en campo, mientras corresponde a las instituciones de seguridad pública coadyuvar y proteger a quienes llevan a cabo estas acciones.
Sin embargo, los colectivos activistas alegan que no han tenido la atención por parte de las autoridades responsables y no hacen uso de las herramientas forenses necesarias proporcionadas y distribuidas por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, las mujeres que integran estos grupos civiles han manifestado su interés de trabajar de manera coordinada con las fiscalías generales especializadas, con una rotunda respuesta negativa a cooperar.
Carvajal Isunza expuso que esta situación es preocupante, especialmente cuando en el último bimestre de 2022 se dio a conocer el asesinato de cinco madres de familia buscadoras en diferentes entidades de la República.
Recalcó que esto solo motiva que los integrantes de estos colectivos vivan con el pánico permanente de ser asesinados luchando por el acceso a la justicia.
Desde que comenzó el seguimiento de este tipo de delitos en 2010, al menos 15 madres buscadoras han sido asesinadas, de las cuales, siete han sido en el actual sexenio, expuso.
