El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se excede en sus atribuciones al etiquetar como daño patrimonial observaciones administrativas de los ayuntamientos, por falta de validaciones de obra pública, lo que genera una percepción “inflada” o una idea equivocada de cómo se manejan los recursos públicos desde los cabildos.
Este 30 de octubre, los diputados locales de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista aprobaron por mayoría el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022 que reporta un daño patrimonial de mil 500 millones de pesos.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, se abstuvo de validar el Informe de Resultados, pues planteó que el Orfis se podría exceder en sus atribuciones y muchas veces los montos que se consideran daño patrimonial se usan para hacer presión, que va desde lo mediático a lo político.
La legisladora de Acción Nacional comentó que en ocasiones se hacen observaciones por millones de pesos, por el simple hecho de que los ayuntamientos no cuentan con los permisos y validaciones para hacer la obra pública, que están en trámite.
El retraso, explicó, la mayoría de las veces se atribuye a la carga de trabajos en dependencias como la Comisión de Agua Potable de Veracruz (CAEV), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tardan en entregar las validaciones de los proyectos de obra pública para los municipios.
“Nosotros lo que le estamos diciendo al Orfis es, que tu criterio vaya acorde con lo que dice la ley. Si la obra está, en su caso, terminada y operando y está en proceso el trámite y viene en una respuesta positiva, no se tendría por qué estar marcando un daño”.
Y es que, dijo, muchas veces los alcaldes tienen información sobre el avance de los permisos y que algunos van en sentido positivo, sin embargo, el Orfis tasa el monto de la obra como daño patrimonial, especialmente a los ayuntamientos de oposición, acusó.
“Como oposición te dijo, a veces los montos de las observaciones se usan como presión política y lo que queremos es evitar que en 2024 eso se dé, porque vienen elecciones y no queremos que sea un tema de presión o cacería de brujas”.
Comentó que están trabajando con el Orfis con la idea de que los montos del daño patrimonial que se da a conocer sean cifras “reales”, y no sólo se infle el tema para luego hacer presión o los presidentes municipales.
