El Sistema 3 de la Plataforma Digital Anticorrupción comenzó a operar en Veracruz en febrero de 2026 y ya permite consultar sanciones contra servidores públicos que ya están firmes. En el sistema aparecen 14 funcionarios del Poder Judicial por faltas administrativas graves.
La herramienta forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y está vinculada con la Plataforma Digital Nacional, con el objetivo de impedir que personas que están en dicho listado en una entidad puedan ser contratadas en otra.
La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Adriana Paola Linares Capitanachi, explicó que esta plataforma concentra información sobre sanciones e inhabilitaciones firmes derivadas de procedimientos administrativos.
La funcionaria expuso que las áreas responsables de contrataciones públicas deberán consultar esta base de datos antes de incorporar a un servidor público. “Servidores públicos que tengan inhabilitaciones en Veracruz y que piensen que puedan evadirse e ir a contratarse a otro estado no van a poder hacerlo porque es una plataforma abierta al público y a todo el país”, expuso.
Expuso que antes no existía la posibilidad de realizar consultas cruzadas entre estados, lo que permitía que funcionarios sancionados continuaran trabajando en otras entidades.
Entre los registros disponibles aparecen 14 servidores públicos, principalmente del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otras dependencias. Entre ellos se encuentran:
Manuela Saldaña Ríos, subdirectora de Recursos Financieros del Poder Judicial, inhabilitada por 10 años por daño patrimonial derivado de contratación irregular de bienes y servicios.
Joana Marlen Bautista Flores, directora general de Administración del Poder Judicial, inhabilitada por 10 años por contrataciones irregulares.
Ofir Aly Gutiérrez Ponce, subdirector de Recursos Materiales del Poder Judicial, con inhabilitación por 10 años por daño patrimonial.
Elvis Viveros Arroyo, jefe de Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, impedido por 10 años por contratación irregular de bienes y servicios.
Felipe Hernández Franco, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 de Martínez de la Torre, no podrá ocupar cargos públicos por 10 años por negligencia administrativa.
Jovita Cortés Guzmán, síndica única municipal de Tlilapan, no podrá estar en la función pública 10 años por daño patrimonial a la hacienda municipal.
Angélica Sánchez Hernández, jueza de control comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Cosamaloapan, inhabilitada por 5 años por abuso de atribuciones.
Ariel Anastacio César Robinson Manzanilla, juez primero de primera instancia del distrito judicial de Veracruz, impedido temporalmente de trabajar en el servicio público por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de control y enjuiciamiento, sancionada por apartarse del principio de imparcialidad al no excusarse de un proceso.
Vanessa Yazmín Gómez y Gómez, jueza en fase de ejecución del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, destituida por detrimento en el servicio público de administración de justicia.
María de los Ángeles Castillo Simbrón, secretaria de acuerdos encargada de despacho del Juzgado municipal de Filomeno Mata, con inhabilitación temporal por anomalías administrativas.
Andrés Arredondo Martínez, auxiliar de sala del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Papantla, inhabilitado por liberar de manera injustificada billetes de depósito.
Yair Daniel Limón Hinojosa, sancionado por proporcionar documentación alterada.
Otro registro administrativo incluido en el sistema por faltas administrativas graves.
Registro obligatorio de sanciones
El 11 de febrero de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz un acuerdo que obliga a los órganos internos de control a registrar todas las sanciones firmes en esta plataforma.
Linares Capitanachi refirió que ya se hicieron reuniones con municipios y contralores para que alimenten el sistema con información actualizada.
El objetivo es consolidar un padrón nacional consultable en línea que permita detectar antecedentes administrativos antes de la contratación de servidores públicos.
