Amatlán de los Reyes, Ver.- Integrantes del Movimiento Contra el Basurero denunciaron haber recibido amenazas de muerte durante una asamblea comunitaria realizada en la colonia Quimiapa, en este municipio, ahora piden la intervención del Gobierno del Estado y medidas de protección para las activistas.
La denuncia fue hecha pública a través de un pronunciamiento difundido por la organización Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), en el que se señala que las amenazas se dieron el 8 de marzo. Según el documento, las intimidaciones habrían sido hechas por el hermano de la presidenta municipal, que presuntamente iba acompañado por elementos de la policía municipal.
En el posicionamiento, los ambientalistas hicieron responsable al ayuntamiento de Amatlán de los Reyes y a la alcaldesa Guillermina Méndez López de cualquier agresión contra las integrantes del denominado Movimiento Contra el Basurero. También exigieron al gobierno estatal medidas de seguridad inmediatas para las activistas, sus familiares y personas cercanas a la organización.
El movimiento reiteró su postura de rechazo al proyecto de manejo de residuos y volvió a difundir su consigna: “Sí a la vida, no al centro de transferencia” que desde hace años identifica la resistencia ciudadana contra su instalación en la zona.
La disputa por el manejo de la basura en Amatlán de los Reyes no es reciente. Desde hace varios años habitantes, organizaciones y colectivos ciudadanos han manifestado su oposición a la instalación de un centro de transferencia de residuos sólidos en la localidad de Quimiapa, argumentando que podría provocar contaminación del suelo, del agua y afectar la salud de las comunidades cercanas.
Incluso, en días recientes la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) colocó sellos de clausura en un predio utilizado como tiradero a cielo abierto, al detectar que operaba sin las condiciones técnicas ni los permisos requeridos.
En el lugar se acumulaban residuos directamente sobre el suelo, generando malos olores, fauna nociva y riesgo de contaminación, especialmente por su cercanía con un arroyo de la zona.
De acuerdo con autoridades ambientales, el sitio funcionaba como punto de transferencia donde los camiones recolectores descargan temporalmente los residuos para su posterior traslado a un destino final. Sin embargo, vecinos y activistas sostienen que en la práctica operaba como un basurero, lo que provocó protestas y denuncias constantes.
