Orizaba, Ver.- Aún y con la despenalización del aborto, las mujeres mexicanas se quedan en el intento. En las instituciones de salud pública, acusan, hay una serie de obstáculos que les impiden acceso legal a la suspensión definitiva del embarazo. De poco o nada sirve la aprobación legislativa, señala Luz María Reyes Huerta, representante del colectivo Marea Verde, Altas Montañas.
Esta incongruencia, expuso, seguirá existiendo mientras el aborto aparezca como delito en dichos códigos y no se regule de manera específica su despenalización y los criterios para su aplicación.
Como ejemplo, citó el número de semanas de gestación en el que será permitido en cada entidad. No hay fecha estimada sobre cuándo ocurrirá esto en cada caso.
Otro de los obstáculos más habituales que solían encontrarse quienes deseaban acceder a un aborto en un centro público de salud (al que acude cerca de 10 por ciento de la población) era que el personal se negara, al argumentar que estaba contemplado como delito en el Código Penal federal. Esto dejará de ser así tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las mujeres se han enfrentado a múltiples situaciones que lejos de facilitarles el acceso a su derecho se lo obstaculizan.
El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años.