A partir de este lunes arranca la décima campaña consecutiva de protección al cangrejo azul en la Riviera Veracruzana, organizada por la asociación civil Earth Mission. Diez años ininterrumpidos de voluntarios, médicos veterinarios y vecinos recogiendo crustáceos heridos, liberándolos en el manglar y vigilando que nadie los cace sin permiso de Conapesca. Diez años de una sociedad civil haciendo, sin presupuesto público, lo que correspondería garantizar a las autoridades municipales y ambientales.
El dato que debería incomodar no es la cifra de cangrejos rescatados ni la fecha de la luna llena en que se instalarán los módulos de acopio. Es la frase con la que su presidente cerró la entrevista: la pérdida del cangrejo azul no depende principalmente de la caza furtiva, depende de los permisos que los ayuntamientos de Alvarado siguen otorgando para construir desarrollos inmobiliarios sobre su hábitat.
Esa frase desplaza la responsabilidad de donde la opinión pública suele colocarla. No hay aquí un cazador anónimo operando en la oscuridad ni un mercado negro difícil de rastrear. Hay un trámite, una firma, un expediente municipal con nombre y fecha. La autoridad que debería frenar la destrucción del manglar es la misma que la autoriza, página por página, proyecto por proyecto.
Llamar a esto negligencia sería generoso. La negligencia supone descuido, falta de atención, ausencia de intención. Lo que describe Earth Mission tras una década de observación directa es otra cosa: un patrón sostenido, repetido administración tras administración, que solo se explica si el desarrollo inmobiliario produce algo que la conservación del cangrejo azul no produce. Ingresos prediales. Capital político de obra visible. Relaciones con desarrolladores que no se construyen protegiendo manglares.
La omisión, sostenida durante diez años frente a una campaña pública que documenta el daño con cifras y fechas, deja de ser ausencia de Estado para convertirse en una decisión de Estado. No se trata de que los municipios ignoren el problema. Se trata de que lo conocen, lo ven nombrado año tras año por una organización civil, y eligen seguir firmando.
La facultad de autorizar el uso de suelo es municipal, no federal ni estatal. El artículo 115 constitucional la coloca directamente en manos de los ayuntamientos. Eso significa que Alvarado no puede escudarse en la lentitud de Semarnat ni en la falta de competencia de Conapesca para explicar por qué el manglar sigue perdiendo terreno frente al concreto. La decisión de aprobar cada desarrollo inmobiliario en la Riviera Veracruzana se toma en una oficina municipal, con un funcionario que firma sabiendo lo que esa firma implica para el hábitat que la propia comunidad intenta preservar a unos metros de distancia.
El manglar de la Riviera Veracruzana no es un paisaje decorativo. Es una barrera natural contra inundaciones, un criadero de especies de las que depende la pesca local, y el hábitat de una especie que diez campañas consecutivas han intentado salvar con recursos que ningún ayuntamiento ha puesto sobre la mesa. Mientras Earth Mission instala bandejas en clínicas veterinarias y organiza recorridos con apoyo de la policía municipal, los mismos gobiernos que prestan esa policía continúan aprobando los proyectos que vuelven inútil el esfuerzo.
Este diario reconoce el trabajo de Earth Mission y de quienes sostienen, año tras año, una campaña que no debería depender del voluntariado. Pero reconocerlo no exime a las autoridades de Alvarado de su parte. Diez campañas después, la pregunta ya no es cuántos cangrejos se rescataron este verano. Es cuántos permisos más se necesitan firmar para que alguien, en algún ayuntamiento, entienda que la conservación no compite con el desarrollo: lo hace posible.
