Por Hipólito Rodríguez Herrero
En 1992, poco antes de firmar el tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte, el estado mexicano promulgó una nueva ley minera. En su artículo 6, dicha ley estableció que la minería tiene un carácter preferente y de utilidad pública: es decir, no importa qué haya en la superficie del terreno concesionado —sean ríos, áreas naturales protegidas, asentamientos humanos.
Desde entonces, se han otorgado 27 mil concesiones mineras —lo que representa el 30% del total del territorio nacional— y de ellas el 75% ha sido otorgado a empresas canadienses para extraer principalmente oro y plata. La mayoría afecta tierras de ejidos y comunidades agrarias, y se conceden por al menos 50 años. Las concesiones las entrega la Secretaría de Economía, sin conocimiento y consentimiento de las comunidades. Por supuesto, cuando la sociedad se entera, empieza el conflicto. Las empresas despliegan entonces una ingeniería de conflicto: comprar la anuencia de autoridades agrarias y municipales, repartir dinero a los habitantes a fin de dividir a la comunidad, entregar obsequios a escuelas y centros de salud, para crear una imagen de benefactores, presumiendo que se crearan empleos y grandes beneficios. En realidad, nada de esto es cierto pues nada compensa los efectos destructivos de la actividad minera. En México, regiones enteras han conocido los efectos devastadores de esta clase de minería. Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora, Zacatecas, son testigos de ello.
En Veracruz, al proyecto de Caballo Blanco se le otorgaron una serie de “concesiones mineras” que abarcan alrededor de 120 km cuadrados, conformando un polígono que se extiende, si nos referimos a la línea costera, desde la localidad de La Mancha hasta la de Palma Sola. Tierra adentro, el territorio puesto en juego por la concesión abarca paisajes de enorme importancia: manglares, vegetación de duna costera, bosque de encino tropical, selva baja caducifolia. El proyecto señala la pretensión de remover cientos de toneladas diarias de material con el objetivo de conseguir apenas 2 gramos de oro por tonelada de material extraído. Los impactos en el territorio son de diverso tipo y colocan en riesgo un patrimonio biocultural de valor excepcional. Estamos hablando de una región donde se hallan múltiples construcciones de origen prehispánico. Quiahuiztlan, por mencionar la más conocida, constituye un referente de la extraordinaria relevancia de las huellas de la población totonaca originaria.
Al día de hoy, las labores de prospección de la empresa minera ya han producido trastornos, ocasionados por la construcción del camino y la creación de las plataformas de exploración. La prospección ha depositado tierra producto de sus excavaciones directamente en la ladera de bosque de encinos, sepultando todo el sotobosque. El punto de intervención, en la cabeza de una microcuenca que abarca las lagunas costeras, ha dado origen a materiales de residuo que en caso de deslave podrían llegar hasta las inmediaciones de la planta nuclear de Laguna Verde, afectando la calidad de las aguas necesarias para enfriar el reactor. La actividad minera también tiene el potencial de dañar la vida silvestre pues justamente sobre este paisaje se despliega, año con año, uno de los mayores flujos de aves migratorias del continente.
Aun cuando la empresa declaró que depositaría las sustancias químicas empleadas en lugares que impedirían la contaminación de los cuerpos de agua y del aire, es necesario subrayar que entre la sustancias químicas figuran algunas cuyo impacto en la salud de las poblaciones humanas es sumamente peligroso (cianuro). Estos impactos van más allá del espacio micro regional: afectan a toda la zona centro de Veracruz, ya que afectarían la vida productiva a largo plazo de una gran cantidad de personas, las cuales se verían despojadas de agua y suelo por un proyecto extractivo (que no productivo) de una vida económica muy limitada y cuyos beneficios monetarios se concentrarían en manos de un grupo de empresarios que no habitan en la zona.
Por todas estas razones, diversas organizaciones sociales expresaron, en el año 2012, en la Audiencia convocada por SEMARNAT, la necesidad de impedir su aprobación, poniendo énfasis en tres razones: 1) por ubicarse cerca de instalaciones estratégicas de PEMEX; 2) por situarse cerca de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde; y 3) por localizarse en una zona donde se registran con relativa frecuencia huracanes categoría cuatro, los cuales se presentarán con intensidad creciente por el cambio climático. Diez años después, el 12 de agosto de 2022, una decena de organizaciones de la sociedad civil entregaron en la delegación federal en Veracruz de SEMARNAT una solicitud para que, como autoridad competente, someta el proyecto “Explotación mediante barrenación a diamante Caballo Blanco I” al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y que analice de forma integral, holística y con la mejor información científica disponible el proyecto minero. Poco después, el 25 de agosto del 2022, los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero interpusieron un amparo, argumentando que, en el proceso de expedición de los títulos de concesión minera, la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
El día de ayer, 16 enero 2023, el movimiento social conquistó un gran triunfo: un juez federal otorgó una suspensión definitiva contra todo el distrito minero de Actopan y Alto Lucero. De acuerdo con ello, no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras que había otorgado la Secretaría de Economía durante el juicio de amparo, y reconoce que, al margen del interés particular, el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante.
Para decirlo con más claridad: la medida implica que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero. Además, el juez retoma un aspecto fundamental del derecho ambiental, el principio de precaución, el cual señala que “una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente”. Al respecto, la resolución señala que “aun cuando en este momento no obran pruebas para acreditar que las actividades mineras que se desarrollan al amparo de la concesión reclamada, provocan un daño a su salud y al medio ambiente; lo cierto es que este juzgado se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para preservar esos derechos fundamentales ”.
Las comunidades que habitan en esta región de Veracruz basan sus proyectos de vida y su economía en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios socioambientales que éstos proporcionan, por lo que la actividad minera supone graves afectaciones para su modo de vida, así como para el patrimonio natural de la región. La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente. Por fortuna, la movilización ha dado resultados: el derecho hoy asiste a los ciudadanos.
