Wenceslao Vargas Márquez
El Gobierno está proponiendo publicar un paquete de reformas de las que sobresalen la que se hará a las pensiones y la que se aplicará al Poder Judicial para que los ministros sean electos por sufragio popular. Es el caso que tanto una reforma a las pensiones como una reforma al Poder Judicial ya se hicieron en este sexenio 2018-2024, sexenio que se fue como agua entre los dedos (según dice cierta muy original frase hecha).
En la postrimería del sexenio, ya avanzado su sexto año, se vuelve sobre esos pasos ya recorridos en 2020 y 2021 pero que resultaron insuficientes. En aras de la autocrítica hay que preguntarse por qué resultaron incompletas las reformas al grado de que cuatro y tres años después, en el mismo sexenio, hay que abordarlas otra vez. El presidente ya reconoció las insuficiencias. ¿Qué falló?
El 16 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (bit.ly/3vwy4w1). Es lo que ahora se va a revisar para adicionar en año electoral lo que se quedó en el tintero: que los pensionados ganen ya jubilados al menos lo que ganaban cuando trabajaban, y no la mitad o menos como ocurre actualmente.
El 11 de marzo de 2021 se publicó en el DOF el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación (bit.ly/3vITLsP). De este se revisará ahora algo que al parecer nunca estuvo en el tintero y que es el tema de elegir a los ministros por voto popular.
Una posible explicación por la que en 2021 no se consideró este punto es que en la presidencia de la Corte había un ministro digamos que alineado con las directrices políticas del sexenio. Eso cambió con la llegada a esa presidencia de una ministra menos dispuesta para ese efecto y orilló a una reacción que parece excesiva.
El discurso presidencial de Río Blanco, Ver., del domingo 7 de enero del año en curso fustigó especialmente el tema pensionario. Llama la atención el fuerte señalamiento discursivo contra el expresidente Ernesto Zedillo para la creación de las cuentas individuales para el IMSSS en 1997, y contra el expresidente Felipe Calderón por las aplicación de esas mismas cuentas individuales al Issste en 2007.
Llaman la atención esta doble cita porque al expresidente Peña Nieto no se le mencionó, aun cuando en enero de 2016 impulsó la aplicación pensionaria de umas en vez de salarios mínimos (bit.ly/422B1kb). Esto ha orillado en siete años a un deterioro tal que ciertas pensiones en 2024 paguen con umas apenas el 43% de lo que deberían pagar si se hiciera con salarios mínimos ($108 contra $248): menos de la mitad, y en Río Blanco se omitió la mención.
Respecto de este último punto apenas en octubre de 2023, durante una reunión sindical magisterial internacional en la Ciudad de México, el presidente dijo que, para el caso del Issste, corregir pensiones quedaría para el sexenio próximo 2024-2030. Al mes siguiente, el 30 de noviembre de 2023, el tema fue retirado en comisiones de una discusión legislativa al respecto bajo la explicación oficial de falta de recursos. Ahora, en enero de 2024 el tema reaparece, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿de dónde saldrá el dinero que en octubre y noviembre no había?
Todas las generalidades conocidas de estas iniciativas de reformas que estamos comentando aquí se derivan de conferencias presidenciales. Los detalles finos últimos y sus alcances se conocerán con precisión cuando el 5 de febrero el presidente dé a conocer los textos escritos respectivos en ocasión del aniversario de la Constitución. Los esperaremos con interés.
X: @WenceslaoXalapa
