- Ana Luz Quintanilla Montoya
Como sucede frecuentemente en nuestro país, se ha brindado una gran cantidad de información malintencionada, pormedio de diversos medios de comunicación que han difundido información confusa, engañosa y sin apego a la verdad sobre el proyecto de ley en Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (LHCTI). No se deje engañar, el fraude y la corrupción cundió en todos los sectores y también lo hizo en la ciencia.
¿Por qué se llevó a cabo la propuesta de esta reforma? Principalmente porque México no ha tenido jamás una política de Estado para las áreas de humanidades. En cambio, sí la ha tenido para las artes y para las ciencias básicas y de desarrollo tecnológico. La institucionalización de estas políticas quedó plasmada durante el siglo anterior con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt). Por ende, las áreas de humanidades tuvieron un papel marginal dentro de CONACYT. Peor aún, su papel e importancia siempre fue relegada con respecto a las ciencias básicas y de desarrollo tecnológico. Lo mismo puede decirse de dos organismos que desempeñaron un papel importante en el régimen anterior: la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias, que nunca les dieron a las humanidades la importancia que representan. Más aún, siempre se aplicaron criterios para su evaluación, utilizados y apegados a los de las las ciencias básicas. Estas acciones lideradas por los gobiernos neoliberales actuaban en contra de las humanidades por parte del Estado y alcanzó su momento más álgido cuando en la reforma de la educación media superior, durante el gobierno de Felipe Calderón, la palabra “humanidades” fue borrada del currículum.
¿Cuáles son las bases y propuestas de esta Ley? Le menciono algunas a continuación.
- El nuevo Conacyt apoya a la ciencia pública comprometida con el pueblo y con la protección del patrimonio ambiental y biocultural del país. Este cambio de paradigma se sintetiza en lo siguiente: Ciencia por México y el Derecho Humano a la Ciencia.
- Pone a la ciencia al servicio de la sociedad, pues en México tenemos un gran rezago, graves crisis ambientales que redundan en impactos de salud e inseguridad, sobre todo en la población más vulnerable. Lo anterior no excluye la colaboración multisectorial, siempre y cuando sea para resolver no solamente problemas propios de la investigación científica, sino también para resolver problemas urgentes ante los retos de este siglo.
- Reivindica el interés público sobre el particular. Esta primera Ley evita que se invierta el dinero público en proyectos de particulares con fines de lucro y sin ningún beneficio público, lo que garantiza el adecuado uso de los recursos públicos dirigidos a la ciencia aplicada para resolver y proponer soluciones a los problemas prioritarios del país. Es una una propuesta de avanzada, que rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría proyectos privados. Existen las evidencias de que a través de fideicomisos durante los gobiernos de los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, se desviaron 45 mil millones de pesos del CONACYT, beneficiando a empresas internacionales tales como Kimberly Clark, IBM, FEMSA, MONSANTO, MOTOROLA, NISSAN, VW, BAYER, FORD, INTEL, entre otras más, sin dejar ningún beneficio para nuestro país. Esto es importante de señalar, porque debemos recordar que la CIENCIA ES PÚBLICA en México y que se financia con base en lo que los mexicanos contribuímos a su presupuesto. En una gran cantidad de países en el mundo, las inversiones en ciencia y tecnología, por parte de la iniciativa privada llega a ser un importante porcentaje del PIB. Ejemplo de éstos son: Suiza, Suecia, EUA, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, China, Israel y muchos más.
- Privilegia un área de trabajo científico –bajo un enfoque sistémico–, en el que trans e interdiciplinariedad son indispensables para la colaboración y resolución de los grandes retos que se presentan no sólo en México, sino a nivel internacional.
- El proyecto de Ley sí ha sido bastante difundido y discutido dentro de las comunidades científicas y académicas ya que desde 2019 se ha llevado un proceso de consulta con la comunidad del sector, incluyendo representantes de organismos e instituciones de educación públicas y privadas. El carácter dialógico de esta iniciativa se funda en la interlocución, amplia e incluyente, en la que han participado más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de consensos, los cuales sirvieron como principios para la elaboración de lo que será la primera ley general. La consulta amplia y constante que se ha llevado a cabo para la construcción de la iniciativa, no excluyó a nadie. Contrario a lo que algunos medios de comunicación afirman, este ejercicio exhaustivo sumó la participación de las y los titulares e investigadores de los 26 centros públicos de investigación (CPI), personas de la academia y la investigación; representantes de distintos centros, academias, universidades, instituciones públicas de educación superior, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); así como a organizaciones sociales y privadas, a fin de formular un proyecto plural y democrático.
- La propuesta de Ley consolida y reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional en áreas tales como energía, recursos hídricos, producción de alimentos libres de tóxicos, etnobiología, salud ambiental, conservación y restauración de ecosistemas, economía solidaria, entre otras más.
- Esta iniciativa confirma a la ciencia como derecho fundamental y reconoce la importancia de garantizar otros derechos como la alimentación y el acceso tanto a la salud como a la información; principios que desconoce la actual Ley de Ciencia y Tecnología (CYT) vigente.
- El proyecto de Ley promueve que el financiamiento para las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación se incrementen de manera progresiva sin que sean posibles las regresiones; contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, sin que ello implique un cheque en blanco ni falta de reglas para la rendición de cuentas. Incluso, amplía las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos estatales a participar en el financiamiento público de las HCTI.
- No limita tampoco ni acota la labor científica y tecnológica, pues se seguirá impulsando de manera decidida la ciencia básica y de frontera.
- Se continuarán los apoyos a becas de estudiantes a posgrado puesto que ya se ha creado el Sistema Nacional de Posgrados, y en éste se destaca que los estudiantes serán ahora los que tramiten directamente sus becas, tanto para instituciones privadas como públicas.
- La Ley proscribe los fideicomisos y establece que las fuentes del financiamiento desde el Estado apoyan a las actividades de humanidades, ciencias, tecnología e innovación se aplicarán bajo los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.
Así que mi recomendación si tiene alguna duda sobre la pertinencia de esta nueva Ley, es que la lea y se informe. Permitir que nos engañen con mentiras mucho medios de comunicación, no es una buena estrategia. Si bien existen muchos científicos que no están de acuerdo con ella, también existimos una mayoría que sí lo estamos y que reconocemos en esta Ley, un avance para nuestro país.
*Profesora e Investigadora de la Universidad de Colima
analuzqm@ucol.mx
