Por José Roberto Ruiz Saldaña
El año dos mil veintitrés prácticamente se estrenará, en sede institucional, con la elección de la o el Ministro quien Presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal. El perfil de quien encabece los esfuerzos precisamente institucionales para fortalecer a la institución garante de los derechos y de las instituciones así como del Poder encargado de impartir justicia es de la mayor relevancia para la vida pública del país. Por ello, mirar un poco sus propuestas de trabajo puede ser de utilidad en este contexto próximo a la elección.
El documento presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa tiene por lema “Justicia para TODAS las personas”. En él propone la creación de un Comité de Actualización Normativa, un Comité de Comunicación Social y Participación Ciudadana, un Comité de Desarrollo Integral, una Comisión de Ministras y Ministros en Retiro, Comisiones de Secretarias y Secretarios y la Comisión de Seguimiento de Asuntos Competencia de la SCJN, los cuales darían nuevos aires en la vida interna de la Suprema Corte. Por otra parte, propone la creación de un nuevo portal de transparencia enfocado exclusivamente en el gasto público y el uso de recursos materiales en la SCJN y la emisión de un Informe anual sobre inclusión. Asimismo, mejorar la funcionaldiad electrónica para conocer el estatus procesal de los asuntos, mayor publicidad de proyectos, emisión de Lineamientos para amicus curiae, implementar un programa de captación de talentos universitarios. También menciona un Plan de gestión de riesgos digitales para asegurar la continuidad de los servicios.
El documento del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sin lema, con enfoque gerencial, pone el énfasis en la planeación estratégica y los componentes de planeación, ejecución y evaluación en la organización. Habla de la instalación de una Oficina de Proyectos para la SCJN y de un cambio profundo de tipo funcional, estructural y tecnológico. Ofrece datos duros como por ejemplo que la SCJN cuenta con noventa sistemas de los cuales la mitad se encuentran orientados a tareas administrativas; propone la utilización de tecnologías de Inteligencia Artificial; migrar a nuevos esquemas de aprovisionamiento de infraestructura (nubes); implementar juzgados piloto que funcionen cien por ciento virual; un sistema electrónico para aclarar dudas sobre el alcance de la normativa interna aplicable, como licencias, horarios, días económicos. Por otra parte, habla de promover una transición hacia actividades, procesos y formas de trabajo bajas en carbono. Además, propone la creación de tribunales especializados en materia de medio ambiente.
Por su parte, el documento presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, sin lema pero con énfasis en la neutralidad política, la Presidencia incluyente y la vinculación efectiva, menciona que se haría un diagnóstico general de los procedimientos y áreas de los procesos jurisdiccionales y que se haría frente al rezago judicial. Reconoce el problema que la Suprema Corte tenga 75% de sus plazas en funciones eminentemente administrativas por lo que es necesario una reforma a las estructuras precisamente administrativas, mejorar la comunicación interna a partir de la convicción que cada circuito judicial es distinto. En materia de combate a la corrupción refiere utilizar la figura de “usuario simulado” para detectar conductas irregulares, que se debe automatizar el turno de los asuntos que ingresan a la Suprema Corte, regular las audiencias informales y los amicus curiae pues, por ejemplo la Suprema Corte de los Estados Unidos limita esos escritos a no más de seis mil palabras. En materia de inclusión propondrá la emisión de un Acuerdo General que obligue a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación a emitir sentencias en versión accesible y sencilla en los casos que involucren derechos de la niñez; personas con discapacidad; personas migrantes y sujetas a protección internacional; personas, comunidades y publos indígenas, y en todos aquellos casos en que el órgano juzgador considere que la condición social de la o las personas involucradas ameriten este tipo de sentencias, o que se trate de casos que sean muy importantes y trascendentes para el país.
En el caso del Ministro Alberto Pérez Dayán, su documento, a juzgar por la introducción, pone el énfasis en el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Propone trabajar con sus colegas a través de Comisiones de Administración, Procedimientos Administrativos de Responsabilidad, Transparencia, cero tolerancia al acoso sexual, hostigamiento, discriminación, nepotismo y corrupción. También, reforzar el perfil de la persona juzgadora para que cuente con ética, valores y principios de la función jurisdiccional. Propone desvincular la Contraloría del Poder Judicial de la Federación de la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal porque debe ser un área autónoma. Por otra parte, señala que el perfil de la persona aspirante a juzgadora sea sometido a pruebas psicométricas y de personalidad a modo de evaluación de control para garantizar con cierto grado de eficacia su integridad.
Finalmente, las líneas generales de trabajo de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández propone como prioritario fortalecer la independencia, garantizar la autonomía y la seguridad de las y los juzgadores. Habla también de privilegiar el conocimiento práctico mediante talleres y pasantías a fin de brindar conocimientos significativos. Igualmente, dedica un apartartado al tema de la corrupción y, entre otras cosas, señala que su combate se extenderá a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral y no solo al Consejo de la Judicatura Federal y que incentivará medidas para la presentación de quejas y denuncias. Por otra parte, menciona que propondrá instaurar el servicio civil de carrera en las áreas administrativas de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, destacaría su propuesta de crear una Unidad de Conocimiento Científico y Especializado para el fortalecimiento de los derechos humanos que acompañe a las demás unidades en la búsqueda, identificación, validación e interpretación de la información especializada o experta que se utiliza en los procesos de adjudicación constitucional. Evidentemente, las anteriores propuestas solo son una parte de los planes de trabajo. Sin embargo, su revisión nos arroja una visión, énfasis en procupaciones y tipo de propuestas que las y los Ministros aspirantes a la Presidencia de la Suprema Corte tienen y que, seguramente, determinarían su labor desde esa alta responsabilidad. Por el bien de la República, es deseable que a dicha posición llegue la o el mejor y que las y los ciudadanos, en una sociedad democrática, continuemos exigiendo cuentas también en esos ámbitos de la vida pública.
