A mis estudiantes de RRII de El Colegio de Veracruz
Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes
Xalapa, Ver. 4 de mayo del 2022
Las medidas de política económica anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se proponen restaurar eso: el crédito público, es decir la confianza de la sociedad, así como fortalecer la hacienda pública luchando contra la inflación. Las medidas están contenidas en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), elaborado con el objetivo de resarcir la demanda al controlar la inflación; en él se definen las estrategias para disminuirla con medidas aplicadas en la oferta, es decir, en la producción, en la distribución, en el comercio exterior y en el comercio interior en los renglones de abasto, control de algunos precios de garantía -maíz, frijol, arroz y leche, es decir los que directamente afectan el costo de la canasta básica- (actualmente en las cadenas de autoservicio es de $1,129) y los de las gasolinas y la electricidad (manteniendo un subsidio total de 330 mil millones de pesos) y manteniendo el precio actual del servicio telefónico (que no es un componente significativo de la canasta, sin embargo si es significativo el gesto político).
La aportación presupuestaria del gobierno federal es muy demostrativa, pero no se limita a ella, también incluye un incremento en la entrega de apoyos destinados a la compra de fertilizantes y la estimulación de la producción nacional del maíz y otros granos básicos; es decir, consolida apoyos sociales que incluyen el fortalecimiento de DICONSA. Estos puntos están contenidos en el acuerdo de coordinación con el sector privado firmado por un lapso de seis meses, o más (si es necesario). Este conjunto de acciones muestra, de nueva cuenta, la preocupación social del régimen de Andrés Manuel López Obrador orientada ahora al control de la inflación, ese monstruo del capitalismo que una vez que despierta es muy difícil controlar, como lo demuestran las repetidas crisis sistémicas a lo largo de los últimos cien años.
Es muy interesante reflexionar sobre una corriente en la teoría económica que considera que el fenómeno de la inflación es en gran parte de orden político y puede ser contrarrestado por acciones políticas, ya que la solidez del sistema está basada en la confianza de la sociedad en su gobierno, y tendrá éxito sólo si se combina con una “leve” estrategia económica de control y es realizada oportunamente.1
Las medidas políticas de control han tenido dos vías: a) la neoliberal, que fue el arma estratégica desplegada por el Consenso de Washington después de la crisis del petróleo en 1973, pues le permitió doblegar a los gobiernos latinoamericanos, y b) las medidas de política social de los Estados Benefactores, que asumen la responsabilidad política de sus integrantes, el sector público y el privado, quienes colaboran de manera conjunta para controlar y vencer la inflación con estrategias económicas compartidas. Es interesante recordar que el muy neoliberal carlos salinas acudió a este método del control político -es decir, la heterodoxia- con el objetivo de lograr el bienestar de los mexicanos mediante la generación de acuerdos con el sector empresarial, los sindicatos y “el sector gobierno”, al proponer y llevar a cabo el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) que permitió detener la inflación que había llegado arriba del 160% anual con De la Madrid.2
Este logro de contención sociopolítica de la inflación muestra que, ahora, aunque el fenómeno económico desencadenante este originado por el incremento mundial de los costos de los energéticos, alimentos y la cadena logística, contiene también un prisma político nacional, que estaría aceptando o rechazando las políticas públicas del “sector gobierno”, mediante un posible boicot -si sigue o alienta el proceso inflacionario- que de cualquier forma, se volvería irremediable y progresivamente contra ellos mismos.
El crédito público, netamente fiduciario, es entonces uno de los factores primordiales en estos avatares cíclicos del capitalismo, hoy mayormente sujeto a las condiciones del comercio internacional que a su vez está presionado por la causa de la contracción macroeconómica mundial de la pandemia y los efectos de la extrema liquidez generada por los Bancos Centrales para contrarrestar aquella contracción productiva. Ahora es conveniente rencontrar la nivelación previa: producción-crecimiento, y para ello es necesario acordar, recuperar, la confianza en los gobiernos nacionales. Tanto la SHCP como el Banco de México no sólo hacen bien su tarea, sino que lo hacen coordinadamente, conducta bicéfala necesaria para resolver el problema productivo-monetario.
Mantener tanto la disciplina financiera como lograr el bienestar social son los objetivos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) acordados con la ANTAD y las empresas productoras del subsector agroindustrial. En él también se incluyen otras medidas como mejorar las garantías logísticas del traslado de mercancías y congelar las cuotas de CAPUFE en todo el país, de igual forma se contempla la suspensión de aranceles de los granos arriba mencionados, así como de otras materias primas que se importan. Destaca entre las medidas de contención, la eliminación de la Carta Porte para alimentos básicos, un manifiesto de los bienes que se trasladan por vía terrestre, marítima o aérea, situación que afecta sobre todo al pago de impuestos de los pequeños transportistas.
Es evidente que todos saldremos favorecidos con esta política económica de aceptación común, y que las medidas ahorrativas y prudentes, serán en sus resultados, benéficos para la gran, media, pequeña y micro empresas, así como para nuestras familias.
1 Pues una vez desencadenada puede llegar a locuras como la de la hiperinflación alemana de los treinta del siglo pasado, arriba del 20 mil por ciento anual.
2 La idea, por cierto, nació en la CANACINTRA, quien sugirió la medida de política económica apoyándose en sus más de 95 mil asociados en todo el país, principalmente PYMES.
