Por José Lima Cobos*
Ahora que se han revelado, sobre todo ante los ojos de todos, los turbios manejos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Federación y su judicatura federal se han visto envueltos, algo que hasta hace poco era desconocido, se vislumbra el nivel de corrupción que se esconde bajo la protección de la Constitución Política que rige el destino de nuestro país. Podemos afirmar que este poder ha sido, invariablemente, un aliado de la amenaza que siempre anida en la oligarquía criolla, cuya riqueza se acumula a expensas de la inmoralidad que ha caracterizado a México. Desafortunadamente, esto ha sucedido sin que se apliquen consecuencias, es decir, sin castigos.
Recientemente, hemos sido testigos de cómo se han ignorado las denuncias presentadas por los trabajadores petroleros contra Carlos Deschamps, líder sindical que ha permanecido en el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros gracias a la voluntad omnipotente de Carlos Salinas. Recordemos que este mismo Salinas se adueñó de la presidencia de la república en 1988. Las denuncias se centraban en delitos de corrupción, y los trabajadores nunca obtuvieron justicia por estos crímenes. Esperaban que la muerte allanara el camino hacia la impunidad, lo que no ofrece esperanzas de un castigo ejemplar para aquellos que, durante más de veinte años, se han enriquecido a expensas de este gremio.
Es importante recordar que en ese momento, el líder sindical petrolero era Joaquín Hernández Galicia, conocido popularmente como “La Quina”. Este líder se oponía abiertamente a la candidatura priista de Salinas, organizando marchas en su contra. Sin embargo, el dedo de Miguel de la Madrid no impidió que Salinas asumiera la presidencia. Fue con el apoyo del Estado Mayor Presidencial, compuesto por 18 mil elementos, y del personal de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Fernando Gutiérrez Barrios, que tomaron el control de las instalaciones de todas las secciones petroleras. Durante este proceso, la mayoría de los líderes sindicales fueron detenidos, mientras que otros se suicidaron. Así, Sebastián Guzmán Cabrera asumió el liderazgo sindical y, poco después, Deschamps tomó el control. Esto facilitó las reformas en materia petrolera y el retorno a las concesiones de la época del alemanismo, que se habían cancelado en el régimen de Díaz Ordaz. Jesús Reyes Heroles era el director de Pemex en ese momento. Mientras tanto, “La Quina” fue detenido en Madero, Tamaulipas, tras la siembra de un cadáver y armas de uso exclusivo del ejército. Así se consumó lo que afecta a nuestro país en la actualidad.
Ahora que se ha revelado la alianza de la Suprema Corte de Justicia con la corrupción y las violaciones sistemáticas de la Constitución General de la República, en particular los artículos 127 y 105 constitucionales, debemos comprender que esta corrupción se ha arraigado en todos los rincones del país, y la ciudadanía no tolerará otro rescate financiero como el Fobaproa, donde las deudas privadas de los banqueros y saqueadores recaen sobre el pueblo. Esto perpetúa la miseria y la migración. Es fundamental profundizar en estas investigaciones y exigir que aquellos que han administrado los recursos de los fideicomisos rindan cuentas. No podemos permitir que la impunidad prevalezca, como ocurrió en el caso de Medina Mora, un ministro de la Corte que se benefició de la impunidad por enriquecimiento ilícito.
Si deseamos evitar la simulación, las mentiras y la hipocresía que han caracterizado la política en México, es esencial que se revele quiénes son los responsables de los recursos de los fideicomisos. La sociedad necesita conocer la verdad y la clase de personas que han administrado la justicia en este país.
Cuando se dice que la Suprema Corte de Justicia es aliada de la corrupción, es porque todos sus miembros, ministros y magistrados, son conscientes de que llegaron a sus cargos por designación presidencial. Aunque este sistema debería cambiar en el futuro y sustituirse por elecciones directas, en el pasado permitió que los ministros se beneficiaran de fondos públicos. Ahora, debemos asegurarnos de que se apliquen las leyes y se revele la verdad, sin que nadie pueda alegar ignorancia. Los ministros deben rendir cuentas y pagar por lo que han recibido.
El artículo 127 constitucional establece que nadie puede ganar más que el presidente de la república desde 2009. Esto significa que los once ministros de la Corte, que han recibido un salario mayor, deben devolver la diferencia. Esta revisión debe llevarse a cabo sin demora para que la sociedad sepa quiénes son aquellos que han fallado en su deber de impartir justicia.
Cuando los ministros no respetan la Constitución, deben cargar con las consecuencias. Si han recibido salarios indebidos, deben devolver lo que han recibido con intereses. No podemos permitir que sigan cobrando más de lo que establece la ley. Debemos
tomar medidas enérgicas para asegurarnos de que se haga valer la justicia en este país.
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*Nota: El texto contenía numerosos errores gramaticales y de estilo que se han corregido.
