Hipólito Rodríguez
¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer de cara a la proliferación de los incendios en las montañas de Veracruz?
No podemos atribuir todo al cambio climático, y tampoco puede atribuirse el fuego a una persona o a un actor específico esta proliferación. Sin embargo, llegan noticias de que hay tres tipos de actores concretos que están provocando esos incendios en nuestra región: 1) dueños de aserraderos interesados en comercializar la madera, 2) productores interesados en cambiar los usos del suelo, que buscarían ampliar la frontera agrícola y pecuaria, ya que los incendios permitirían reemplazar el bosque por áreas de producción, 3) actores políticos locales, caciques, interesados en desestabilizar la zona y afectar a los gobiernos municipales y estatales, agentes políticos con modelos perversos y corruptos que han crecido ante la impunidad rampante.
En cualquier escenario, el daño que esos actores le están haciendo a las comunidades es muy grave. No sólo ponen en peligro a las familias, sino que están dañando de modo profundo los modos de vida de la población. El fuego está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de las zonas de incendio; los brigadistas y personas voluntarias que combaten el fuego también ponen en riesgo su vida. Además, toda la vida silvestre está siendo afectada: no sólo son los árboles, sino todo el ecosistema, miles de formas de vida: hongos, insectos, mamíferos, aves, reptiles, etcétera. El incendio tiene además un daño que nos concierne a todos los habitantes de la región: el agua que alimenta a todas las poblaciones viene de esas zonas hoy consumidas por el fuego. La pérdida de superficie forestal amenaza de modo perdurable las zonas donde se capta humedad y de dónde vienen los recursos hídricos que sostienen a las ciudades y las economías de la región.
¿Qué hacer ante esta situación? En primer término, convendría asegurar que no se producirá ningún cambio de uso del suelo. Los bosques no deben ser reemplazados. Su función es esencial para seguir captando humedad, impidiendo la erosión del suelo, y alimentar la cuenca que sostiene los flujos de agua en toda la región.
En segundo término, apoyar a la comunidad: se trata de poblaciones en pobreza extrema. Si algo tiene pendiente la 4T es dar cifras de disminución de este tipo de pobreza: se extiende por las sierras de Huayacocotla, Perote, Zongolica, Santa Marta. Es un problema de justicia social que arrastramos desde hace décadas.
En tercer lugar, combatir la cultura de la simulación y la posible corrupción. Hay complicidad o impotencia que tolera a los aserraderos ilegales. El crimen organizado está promoviendo situaciones que protegen a esos aserraderos y el desmonte criminal del bosque. De ahí que no es raro que se esté amenazando a las comunidades y a sus representantes para que no protesten (o impidan) el aumento de la deforestación.
Además, es preciso observar si el dinero público destinado a la reforestación no se está desviando de su propósito. De ahí que también sea importante cuidar las políticas que ha impulsado el gobierno federal para ampliar la superficie forestal en todas las sierras veracruzanas y en las entidades vecinas. Es decir: nos hallamos ante un problema que es regional. Las sierras son zonas de frontera, lo cual a veces hace difícil su atención compartida: hablamos de los límites que separan a Veracruz de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas… El gobierno de Veracruz no se puede quedar con los brazos cruzados por lo que ocurre más allá de sus fronteras: el agua que alimenta a la región o zona metropolitana de Xalapa viene de Puebla y no podemos permanecer indiferentes ante lo que ocurre con nuestros vecinos.
Hay una institucionalidad, organismos de gobernanza, que desempeñan un papel fundamental para que los recursos se apliquen al cuidado del bosque y contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado que habita en estas zonas… Es preciso que los nuevos gobiernos entrantes fortalezcan a esos organismos y amplíen las oportunidades de la sociedad civil, organizaciones rurales y urbanas, para mejorar la defensa de nuestro patrimonio biocultural, es decir, la riqueza de nuestros paisajes. El sector empresarial debe tener claro que una economía sin bosques ni agua no es sostenible. Ciudades contaminadas, como las que actualmente tenemos, tampoco pueden ser un buen escenario de negocios.
El gran problema es la impunidad. ¿Qué hacen PROFEPA, PMA, SEDEMA? No parecen ser capaces de detener a los taladores. Las fiscalías parecen impotentes o cómplices ante el daño que nos hacen a todos este tipo de delincuentes. Las sociedades locales están siendo penetradas por el crimen y es ahí donde debe hacerse presente el Estado. Poner un freno a los grupos delictivos en las localidades rurales constituye ya un desafío perentorio.
