Orizaba, Ver.- La aprobación de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión coloca al Estado como el único responsable del control y la administración del agua, elimina prácticas históricas de compraventa de concesiones y reorganiza completamente la manera en que consumidores, empresas y agricultores acceden al recurso, señala Agustín Corona, especialista en agronegocios
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la declaración del agua como un derecho humano prioritario, lo que sitúa al consumo doméstico en el primer nivel de la jerarquía legal. Este cambio implica mayor vigilancia sobre fugas, desvíos y tomas clandestinas, además de un reforzamiento en la supervisión de los sistemas comunitarios y rurales que abastecen a miles de familias en el país. La reforma también contempla una participación ciudadana más activa en la planeación y evaluación de políticas hídricas, un mecanismo que, según el gobierno, fortalecerá la transparencia en el manejo del recurso.
En entrevista, explicó que la eliminación de la compra-venta de concesiones entre particulares representa uno de los giros más profundos de la nueva legislación. “Durante décadas, las concesiones se movieron como un activo más del mercado. Ahora, el Estado las retoma por completo y eso obliga a todos los usuarios a replantear cómo operan”, señaló.
El sector empresarial será uno de los más impactados, pues ya no podrá adquirir o negociar concesiones para ampliar operaciones. Con la reforma, las compañías deberán demostrar que utilizan eficientemente los volúmenes asignados y mantener procesos transparentes y sostenibles. “Las industrias de alto consumo tendrán que invertir en tecnologías de control y tratamiento si quieren evitar sanciones o incluso la recuperación de sus volúmenes por parte de la autoridad”, advirtió Corona. Entre los sectores más presionados se encuentran la manufactura, el agro procesamiento, la minería y la industria de bebidas.
El campo es otro de los espacios donde la discusión se intensificó. Los agricultores reconocen la importancia de ordenar el uso del agua, pero temen por las implicaciones que tendrá la reforma en su actividad diaria. A partir de ahora, las concesiones agropecuarias estarán directamente ligadas a la tierra y ya no podrán venderse ni transferirse de manera separada. Para muchos productores, esta disposición reduce el valor comercial de las parcelas y afecta la seguridad patrimonial de las familias rurales.
Corona precisó que uno de los puntos más sensibles es la renovación de concesiones históricas, que dejará de ser automática para convertirse en un proceso sujeto a evaluaciones periódicas. “El riesgo es que muchos permisos terminan siendo de corto plazo. En el campo, donde se planean ciclos de siembra con años de anticipación, esto genera incertidumbre y dificulta tomar decisiones”, explicó.
Otro tema es la brecha entre pequeños productores y grandes agroindustrias. Mientras los primeros carecen de recursos para modernizar sus sistemas de riego, los segundos tienen mayor capacidad para invertir en infraestructura hídrica. “Si no hay apoyos específicos, la desigualdad puede aumentar, y eso impactaría directamente la productividad regional”, advirtió.
A pesar de las inquietudes, el gobierno sostiene que el nuevo modelo garantizará un reparto más justo del agua en el país. No obstante, especialistas como Corona coinciden en que la efectividad real dependerá de la reglamentación secundaria, de la capacidad institucional para supervisar el cumplimiento de la ley y de la coordinación entre los distintos sectores que dependen del recurso.
“La intención es buena: ordenar, controlar y garantizar el derecho al agua. Pero el reto será enorme. Si no se fortalecen las instituciones, la reforma puede quedarse corta”, concluyó el entrevistado.
La discusión continuará en las próximas semanas, conforme organizaciones agrícolas, industriales y civiles analicen los alcances y limitaciones de una ley que cambia de raíz la administración del recurso hídrico en México.
Agricultores levantan tres días de bloqueo fronterizo en Chihuahua
Tal como acordaron con la Secretaría de Gobernación, agricultores de Chihuahua liberaron la mañana de ayer los cruces internacionales que mantenían bloqueados desde el miércoles: el de Palomas, municipio de Ascensión; el de San Jerónimo-Santa Teresa y los puentes Córdova de las Américas, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez.
Los productores exigían que sus planteamientos fueran incluidos en la minuta de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a Ley de Aguas Nacionales aprobadas el jueves en la Cámara de Diputados y el Senado.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó anoche que la única manifestación que continuaba era un bloqueo parcial en la carretera 45 tramo Delicias-Camargo, donde los inconformes daban paso libre en las casetas a los vehículos.
La noche del jueves, la regidora morenista del municipio de Juárez, María Dolores Adame Alvarado, denunció que los agricultores retuvieron a simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la caseta de peaje Saucillo y poncharon las llantas de los dos autobuses donde viajaban hacia el mitin de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.
Según la funcionaria, a bordo de las dos unidades iban 65 personas, incluida ella, quienes fueron retenidas desde las 4 de la tarde hasta después de las 10 de la noche.
Al mediodía del viernes, el último puente internacional liberado en el estado fue Zaragoza-Ysleta, donde productores de la comunidad LeBarón insistían en permanecer, pero fueron confrontados por decenas de transportistas.
También la tarde del jueves, los LeBarón se vieron obligados a abrir durante tres horas la garita San Jerónimo-Santa Teresa, por la presión de conductores de camiones de carga.
Cultivadores de la región y de la comunidad menonita, que se quedaron varados en el acceso a la aduana, reprocharon a sus propios vecinos que la protesta era ilegítima. En una de las discusiones, videograbada por un diario local y que ha circulado en redes sociales, los choferes amagaron con retirar por la fuerza los tractores de los LeBarón. El operador menonita Juan Blatz acusó a los manifestantes de hipócritas por utilizar el cristianismo para justificar la afectación a terceros con el bloqueo de cruces fronterizos.
Acusó la existencia de “un chingo de pozos chuecos”, abiertos cuando las autoridades dieron los folios 8 en su momento. “Sabemos, quienes trabajamos de proveedores de sistemas de riego, que ustedes hicieron transa; simularon pozos y tomaron fotografías para recibir los permisos y perforar más profundo.
“Nunca me imaginé que tanto menonita cristiano estuviera haciendo este caos aquí en México, le ruegan a Dios por lluvia, Dios les da todo y ésta es la forma de su agradecimiento. Yo también soy menonita, soy cristiano, pero no hipócrita”, enfatizó.
En un mensaje público, los manifestantes explicaron que su retiro de la protesta “se trató de un compromiso y es un símbolo de que honramos la palabra”.
