Dirigentes de más de 60 sindicatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de entidades y organismos descentralizados, solicitaron una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García para pedirle su intervención ante lo que consideran un abuso por parte del Instituto de Pensiones del Estado, al descontarles hasta 40 por ciento el monto de las pensiones de quienes se jubilan.
Indican que el IPE lo instrumenta desde el 2024. El único argumento es que así lo contempla la ley de Pensiones y que se aplica tal cual.
Elsy Hernández Cárdenas, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores la Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, a nombre de los dirigentes sindicales, informó que pese a las mesas de trabajo con el titular del IPE no ha habido ningún avance para dar solución a este problema.
Por ello, al no tener una respuesta satisfactoria por parte del titular del IPE, están solicitando una reunión con la mandataria veracruzana, así como con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, y el director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, para revisar este tema.
“Hemos solicitado una mesa de trabajo porque nuestra base trabajadora (…) están sufriendo un ajuste de hasta 40 por ciento en el monto del salario base de cotización, el del último año cotizado de los trabajadores al momento de obtener una pensión”, expuso .
Hernández Cárdenas refirió que esta medida se empezó a aplicar a finales del 2024, independientemente de haber ingresado al servicio antes de la última reforma de Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado del 21 de julio de 2014, y pese a haber ingresado al servicio bajo la vigencia de las leyes 5 y 20.
“Apelamos al sentido de humanidad de la gobernadora de Veracruz. Queremos que nos escuche (…) estamos solicitando que se regrese el criterio de aplicación de irse y de respetar el último salario base de cotización del trabajador al 100 por ciento una vez que cumpla los 30 años de servicio o cuando acredite la edad señalada en la presente ley.
Hay trabajadores que tienen 36 años de servicio, que han cotizado incluso más de los años establecidos en ley y aun así están siendo afectados por este promedio que de manera indiscriminada de un día a otro –sin ser informados ni notificados, mucho menos que se explicara el porqué– se da luego de la salida de la ahora alcaldesa Daniela Griego Ceballos”, añadió.
Hizo alusión a un oficio entregado a la gobernadora el pasado 9 de junio y recibido por la Oficina de Correspondencia el 15 de junio, en donde las organizaciones sindicales buscan abordar los efectos de la aplicación del denominado salario regulador previsto en la Ley 287.
