Orizaba, Ver.- El paro de todas las actividades en la Universidad Veracruzana (UV) no está descartado. Hay dos razones que lo fundamenta, primero la dilación con la que el Poder Judicial de la Federación trata a las demandas interpuestas en contra de la prórroga de Martín Sánchez al frente de la rectoría, pero además la inacción de la Junta de Gobierno de dar marcha en su decisión, incluso con la crisis institucional por la que atraviesa la máxima casa de estudios.
El doctor Raúl Arias Lovillo, exrector de la UV, entrevistado vía telefónica, admite que no se descarta el análisis de un paro general en todas las instalaciones de la institución. La medida, advirtieron, sería una respuesta al descontento creciente por lo que califican como una imposición irregular y contraria a la autonomía universitaria.
Ante esto, calificó la situación como inédita en la historia de la UV y expresó su preocupación por la manera en que se ha manejado el proceso. “Nunca se había vivido algo así en la Universidad Veracruzana. Estamos ante un hecho sin precedentes que vulnera la vida institucional y pone en riesgo la estabilidad de la comunidad universitaria”, declaró.
Arias Lovillo señaló que existe un sentimiento de inconformidad generalizado no sólo entre docentes y estudiantes, sino también entre trabajadores administrativos, quienes ven con alarma la falta de diálogo y la opacidad en las decisiones de la Junta de Gobierno.
“Hay una profunda queja por la actitud asumida por la Junta de Gobierno, que ha actuado con discrecionalidad y sin atender los principios de transparencia que deben regir la conducción de la universidad pública más importante del estado”, agregó.
Por otro lado, y, de acuerdo con versiones internas, la posibilidad de un paro total comenzó a discutirse en diferentes facultades y dependencias regionales, luego de que los amparos interpuestos contra la prórroga no han tenido avances significativos.
Académicos y abogados cercanos al movimiento denunciaron que existe dilación en el Poder Judicial de la Federación respecto a las demandas que buscan revocar la extensión del mandato rectoral.
“Los juicios se encuentran detenidos sin explicación clara, y eso incrementa la percepción de que hay intereses externos que pretenden mantener el control político de la universidad”, señalaron docentes consultados.
“Resolución de amparos podría alargarse”
Integrantes de la Red UV por la Legalidad organizaron un plantón simbólico frente a la rectoría de la UV, para exigir que se restablezca el orden jurídico dentro de la institución y se dé una resolución pronta a los amparos promovidos contra la prórroga del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, a quien califican como “espurio”.
El exrector, Raúl Arias Lovillo, vocero del movimiento, señaló que el proceso judicial se ha visto frenado por recursos de queja interpuestos por la Junta de Gobierno y el propio rector, con el fin de obstaculizar la admisión de los amparos ante el juez de distrito.
Mencionó que los expedientes ya fueron enviados al Tribunal Colegiado de Boca del Río, sin embargo, la resolución podría retrasarse varios meses.
“Nos informaron que los asuntos podrían turnarse hasta diciembre, y quizá resolverse entre enero y febrero. Es una práctica dilatoria, una chicanada que pretende alargar el conflicto”.
Arias Lovillo indicó que si el tribunal ratifica la admisión de los amparos, las audiencias constitucionales podrían celebrarse entre febrero y marzo de 2026, lo que mantendría en incertidumbre el futuro administrativo de la universidad.
Por su parte, la investigadora, Marisol Luna Leal, también integrante de la Red, advirtió que el Consejo Universitario General no tiene condiciones para resolver la crisis actual, debido a que el grupo del rector mantiene control político sobre consejeros, estudiantes y docentes.
