Debido a la coordinación pactada entre las distintas instancias responsables del esclarecimiento y justicia del caso Ayotzinapa a principios del sexenio –Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), la Unidad Especial de Investigación y Litigación (Ueilca) y la Fiscalía General de la República (FGR)– se logró en los últimos tres años acceder a indicios cruciales que el gobierno anterior había ocultado. Frente a estos avances, las familias de los 43 normalistas llegaron a expresar su esperanza de que “ahora sí” llegarían a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos.
En agosto de este año, aparecieron señales de que ese acuerdo interinstitucional empezaba a resquebrajarse. En palabras de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “en las últimas semanas hubo acontecimientos apresurados”. Agregan –en un artículo publicado por The Washington Post el 10 de agosto, firmado por los cuatro: Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox– que la investigación enfrenta ahora “una disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento”.
Esas señales afloraron el 18 de agosto, durante la reunión convocada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con los organismos investigadores, el gabinete en pleno, padres y madres de las víctimas, sus defensores y el GIEI. En esa ocasión, Alejandro Encinas, cabeza de la Covaj, presentó nuevos elementos de la indagatoria, impresionantes y dolorosos.
Las familias, sus representantes y los expertos del GIEI escucharon atónitos, porque no conocían esa información: indicios de cómo asesinaron y ocultaron los cuerpos de los 43, que habían sido separados en al menos tres grupos y llevados a distintos lugares, después del 26 y 27 de septiembre, incluso seis de ellos al 27 Batallón de Infantería, en Iguala. Todo ello, derivado de capturas de texto de celular, entregadas por “una fuente”.
El comandante del batallón, en ese momento coronel y hoy general José Rodríguez Pérez, está preso en el Campo Militar 1. Los otros tres militares involucrados y detenidos son el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora Esquivel. El 13 de octubre un juez les concedió un amparo.
Cinco semanas después, The New York Times publicó una versión de declaraciones de Encinas en las que supuestamente admite que, después de un segundo análisis de los textos entre criminales, tuvieron que desechar algunos. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”.
Al día siguiente, el subsecretario de Gobernación respondió que “no fue así” lo declarado al diario, que las capturas de texto aludidas son solo una parte de 150 elementos considerados relevantes y que 12 “fuentes complementarias” dieron testimonios coincidentes. “Hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes”.
