El “uso desproporcionado” del sistema de justicia en México es una de las amenazas principales que enfrentan los defensores del medio ambiente y el territorio debido a que son criminalizados sin pruebas, sujetos a la fabricación de delitos y, en muchas ocasiones, objeto de múltiples formas de violencia como el hostigamiento, amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado y asesinatos, expuso Amnistía Internacional (AI) México.
Los procesos penales en contra de personas defensoras “intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas”, al causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización y represión, refirió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización.
En el informe “México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, AI constató que una de las características comunes “preocupantes”, es que las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes o las más visibles de movimientos de protesta, a quienes “se les intenta procesar por delitos ambiguos” como motín, obstrucción de obra pública y las variaciones del delito de ataques a las vías de comunicación.
Mónica Oehler Toca, investigadora para México, refirió que las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. “En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito”, sostuvo.
Afectaciones económicas, físicas y sicológicas, como insomnio, ansiedad y miedo, así como “el efecto amedrentador o la inhibición” de la demanda de sus derechos de territorio y medio ambiente son algunas de los impactos individuales y colectivos que sufren los defensores, mencionó.
El informe presentado el miércoles se enfoca en cuatro casos documentados en el país donde se utilizó el sistema penal de manera punitiva. Por ejemplo, en la colonia Maya de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de personas protestó en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
En Sitilpech, Yucatán, pobladores se oponen a la megagranja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera. En Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Entre sus recomendaciones, AI llamó al Estado mexicano a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño. Además de que el gobierno mexicano se abstenga de utilizar cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional para la vigilancia de protestas.
