La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) llamó a las autoridades sanitarias de cada entidad a abordar la epidemia por el virus de viruela símica como un asunto de gran interés público, en el cual “tienen una gran responsabilidad de detonar acciones de prevención y atención para la disminución de las transmisiones en concordancia con la estrategia nacional”, la cual –subrayó– debe priorizar el papel de las localidades y su participación.
En lo que toca a la vacunación, una de las demandas que ha tenido particularmente la comunidad LGBTI, exhortó a que la autoridad sanitaria en el país amplíe información sobre la decisión de apegarse o no a la resolución de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adoptada el 5 de agosto, referente al acceso equitativo de la vacuna para las poblaciones en mayor riesgo.
La FMOPDH refirió que, al 24 de octubre, la Secretaría de Salud contaba 2 mil 654 casos positivos a viruela símica. El país, apuntó, es el sexto con mayor presencia del virus en el continente americano, la mayoría de estos casos se concentran en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
En un pronunciamiento, pidió a las autoridades locales focalizar las estrategias de prevención, atención y seguimiento en la población de hombres entre 30 y 39 años, puesto que ese grupo concentra el 98 por ciento de las transmisiones.
Alertó a evitar tanto la estigmatización como la discriminación hacia la población más afectada por el virus con motivo de la puesta en marcha de cualquier estrategia de comunicación. Para ello, agregó, su participación “resulta determinante”.
Respecto a la detección temprana, la Federación consideró oportuno que exista una mayor participación de las entidades federativas en esta materia, “sin detrimento de la calidad de la prueba”. Para ello, expuso, es necesario que las autoridades generales de salubridad habiliten, en coordinación con las locales, laboratorios públicos que cumplan con los requisitos para el manejo de pruebas.
En ese sentido, alentó a las instituciones locales de salud a que, en el marco de coordinación, den a conocer a la población las acciones que han emprendido para hacer posible tal descentralización.
Argumentó que ello se debe a que hasta el 6 de octubre pasado las pruebas estuvieron exclusivamente a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), situado en la Ciudad de México. A la fecha, solo se han habilitado cuatro laboratorios públicos más en el país, autorizados para realizar la detección.
