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Buscan desclasificar Dos Bocas para investigar presunto enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle

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La diputada federal Lorena Piñón presentó un punto de acuerdo en el que insta a la Fiscalía General de la República a realizar los procedimientos legales necesarios. Esto busca que la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y otras instancias gubernamentales transparenten todos los proyectos, licitaciones, adjudicaciones directas, contratos y recursos económicos asignados para la construcción de la Refinería Olmeca. El objetivo es esclarecer legalmente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito de la exsecretaria de energía del gobierno federal, Rocío Nahle.

Enfatizó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información prevé un mecanismo para revocar las reservas y hacerlas públicas.

Con la presencia solidaria del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Rubén Moreira e integrantes de la bancada, la legisladora veracruzana afirmó: “es inaceptable que la información sobre el destino de una obra que triplicó su costo en millones de dólares sea reservada”.

De acuerdo con investigaciones periodísticas e información revelada por el activista Arturo Castagné, se estima que el círculo familiar de Rocío Nahle posee propiedades por 88 millones de pesos, por lo que la reserva de información sobre la refinería solo alimenta desconfianza.

Una vez expuestos los indicios de una inexplicable riqueza, resulta necesario que exista una investigación escrupulosa sobre la refinería que triplicó su costo de lo originalmente previsto de 8 mil millones de dólares; y mucha de la información concerniente a la construcción de la misma se encuentra reservada.

Al respecto, indicó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene previsto en el artículo 101 fracción III, que toda información que haya sido clasificada como reservada puede hacerse pública cuando, “exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información”. Con esta última referencia, “se advierte que la Fiscalía tiene las atribuciones para que esa información reservada pueda hacerse del conocimiento público y ser parte de la carpeta de investigación iniciada en ocasión de la denuncia presentada”, finalizó Piñón Rivera.

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