Alonso Urrutia
Ante el retraso en la entrega de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para que se destinen a la reconstrucción de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se incumpliera el ofrecimiento. En su momento, subrayó, en un escrito la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, le patentizó la propuesta y “ahora se raja, se echa para atrás”.
Durante su conferencia ofrecida desde esta frontera, López Obrador recriminó que ahora empiezan a surgir amparos y otras maniobras leguleyas contra la decisión de desaparecer los fideicomisos “y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron, o ¿por qué no van a cumplir? De todas maneras le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada”.
Gobernación acusa conflicto de intereses del Poder Judicial
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que ya ha habido un encuentro con Piña, quien informó que ante los amparos y el recurso de inconstitucionalidad interpuestos no era posible tomar esta determinación hasta en tanto la Corte no resuelva.
La funcionaria acusó que en un evidente conflicto de intereses los mismos jueces y magistrados que promueven estos procedimientos legales son los que resuelven.
Más tarde, en un posicionamiento sobre esta situación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo censuró que “la jueza novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás togados y magistrados, hayan promovido o no juicio de amparo. La suspensión sólo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos y no en favor de terceros ajenos al juicio. El principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal”.
La consejería condenó que jueces y magistrados resuelvan amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial porque pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos.
