Para hacer un seguimiento y evaluación de la ley general en materia de desaparición de personas, a más de cinco años de su publicación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) lanzó la plataforma Red Lupa, que presenta un análisis del número de ciudadanos en esta condición e indicadores de monitoreo de la norma.
En la presentación, el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña, manifestó que la ley “perdura como una promesa en varios de sus componentes” y que algunos de sus pilares, como el perfil de quien debe encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda o la naturaleza del registro nacional de desaparecidos “requieren una especial atención por parte de todos”.
La desaparición de personas “continúa, la impunidad prevalece en casi la totalidad de los casos y los espacios de participación y de diálogo se están estrechando”, alertó.
A su vez, Raquel Maroño, del IMDHD, expuso que de acuerdo con la información recopilada para la plataforma, 44 por ciento de las desapariciones en el país se registraron entre 2018 y 2023. Del total de desaparecidas desde 1962, más de 100 mil 25 por ciento son mujeres.
Hay cinco estados que concentran 50 por ciento de estos casos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León”, resaltó. En tanto que las de menos incidencia son Tlaxcala, Campeche, Tabasco, Yucatán y Aguascalientes.
Maroño refirió que indicadores como el total de personas desaparecidas; el número de mujeres niñas, niños y adolescentes en esta condición, el porcentaje de aumento anual y el total de instituciones y leyes con las que cuentan los estados, arrojan que las tres entidades que expresan un problema “grave” son Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, debido a que “el grado de institucionalidad no es suficiente para responder a la crisis”.
