Orizaba, Ver.- El Estado mexicano reiteró su negativa a reconocer que Ernestina Ascencio Rosario fue atacada sexualmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Durante la audiencia efectuada este jueves en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en los términos del artículo 62 del reglamento de la CIDH. Sin embargo, reiteró su negativa a aceptar que Ernestina Ascencio Rosario fue atacada sexualmente por militares.
Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), alegó que en el expediente penal no hay pruebas directas que permitan establecer la participación de agentes estatales en los hechos denunciados por la parte acusadora.
Además, expuso que no existe una denuncia formal que respalde dicha acusación.
“El Estado mexicano lamenta profundamente los hechos ocurridos en febrero de 2007 y reitera su compromiso con la justicia, pero no cuenta con elementos probatorios adicionales que vinculen la participación de agentes estatales en la violación a la integridad personal, honra y dignidad de la señora Ernestina Ascencio”, declaró el funcionario ante la Corte.
Agregó que México reitera su compromiso con todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos y garantizar una justicia que honre la memoria de Ernestina Ascencio. Coincidió con Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, en la importancia de garantizar la no repetición de hechos similares y de fortalecer las políticas públicas en favor del respeto a los derechos de las mujeres.
No obstante, mantiene su postura de que desde 2007 no existen registros que respalden la versión de la acusación y planteando que el análisis del caso debe centrarse en la evidencia existente.
Por su parte, la comisión representativa de la CIDH expuso que el Estado mexicano ha incumplido con varios requerimientos en materia de derechos humanos y justicia. En sus observaciones de fondo, la comisión destacó cinco aspectos clave en el caso, entre ellos, la existencia de elementos que respaldan la versión de la víctima antes de morir, en los cuales expuso que había sido agredida sexualmente por soldados.
Uno de los argumentos presentados por la CIDH es la proximidad del campamento militar, ubicado a 300 metros del lugar donde fue encontrada la víctima, lo que refuerza los señalamientos sobre el posible involucramiento de elementos de la Defensa.
Asimismo, la Comisión hizo énfasis en la obligación del Estado de garantizar justicia efectiva, subrayando que no se ha logrado esclarecer plenamente el caso ni se han tomado las medidas adecuadas para responder a las denuncias de la familia de Ernestina Ascencio.
El caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, ha sido un referente en las discusiones sobre derechos humanos en México. En 2007, fue encontrada en condiciones que sugerían una agresión sexual y física en la comunidad de Tetlatzinga, Veracruz.
Inicialmente, las autoridades locales señalaron que murió como consecuencia de la agresión, pero posteriormente, la versión oficial cambió, atribuyendo su fallecimiento a causas naturales.
Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la manera en que el Estado manejó el caso y han exigido justicia para la víctima. La falta de pruebas concluyentes y la negativa de las autoridades a aceptar la versión de un ataque sexual han generado un debate prolongado en el ámbito jurídico y de derechos humanos.
La audiencia ante la CIDH representa un punto clave en la búsqueda de justicia para Ernestina Ascencio. Mientras México sostiene su postura de no contar con pruebas que vinculen a agentes estatales con el presunto delito, la CIDH y la representación de las víctimas insisten en que existen elementos suficientes para cuestionar la actuación de las autoridades y exigir respuestas claras.
