El jueves 21 de mayo ocurrieron dos conversaciones sobre narcotráfico en Ciudad de México. En una, Omar García Harfuch y Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, acordaron intercambio de inteligencia y acción conjunta contra redes criminales trasnacionales. Kallas lo resumió sin rodeos: combatir a los cárteles y el tráfico de drogas y armas es un problema compartido. En la otra, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, salió de Palacio Nacional para publicar en sus redes que había exigido a México intensificar sus esfuerzos contra los “narcoterroristas”. No informó qué ofreció a cambio.
La distancia entre ambas posturas es de doctrina. La Unión Europea reconoce que el crimen trasnacional es un fenómeno que ningún Estado enfrenta sólo y que la cooperación útil requiere confianza recíproca entre jurisdicciones que se respetan. Estados Unidos parte de la premisa de que México es una jurisdicción fallida cuyos resultados deben ser supervisados desde afuera. La estrategia antidrogas de Washington para 2026 formalizó ese esquema al subordinar la cooperación a resultados “tangibles” definidos por Washington. El “Escudo de las Américas”, promovido por Trump con casi veinte países latinoamericanos, ni siquiera invitó a México: lo excluyó porque sabe que no aceptará operaciones militares extranjeras en su territorio.
México ya pagó el precio de aceptarlas. Durante el calderonato, el panismo abrazó el modelo coercitivo con fruición ideológica y entregó al Ejército las calles del país sin arquitectura institucional ni estrategia de salida. El resultado fue una guerra irregular que dejó más de 100 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y territorios bajo control de organizaciones que el propio combate fragmentó y multiplicó. La Iniciativa Mérida financió esa lógica: equipamiento y dinero estadounidenses a cambio de operatividad supervisada desde Washington. México puso el campo de batalla. Los cárteles sobrevivieron. Las víctimas, no.
Ese modelo persiste como reflejo en quienes gobiernan desde la herencia panista y como exigencia constante desde Washington. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, lo encarna con una incoherencia cómica si el contexto no fuera tan grave. Campos preside el estado donde dos agentes de la CIA murieron en abril junto a dos funcionarios de la Fiscalía chihuahuense, en una operación clandestina que violó la Constitución mexicana y que nadie, según ella, le informó. Invocó el artículo 121 de la Constitución local para blindar su ignorancia. El problema es que ese mismo artículo establece su mando sobre la seguridad del estado, lo que hace inexplicable que una operación de esa magnitud ocurriera sin su conocimiento. O sabía o no gobernaba. Las dos opciones la comprometen con igual severidad.
Campos es la variante local del modelo que Mullin vino a reivindicar: la subordinación operativa a Washington como política de seguridad. Esa subordinación produce impunidad para las operaciones ilegales de agencias extranjeras, erosiona la cadena de mando y convierte al Estado mexicano en subcontratista de una agenda que no controla. Lo que ocurrió en la sierra de Chihuahua fue la consecuencia lógica de una relación en la que una parte define las reglas y la otra pone el territorio y los muertos.
Sheinbaum recibió a Mullin, acordó cooperación “en el marco de respeto” y no cedió en el punto central. El lenguaje no varía porque no es retórica: es doctrina. Y la doctrina tiene valor estratégico precisamente porque se sostiene cuando cuesta sostenerla. En paralelo, México avanza en la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea que abre exportaciones al mercado del bloque sin comprometer el T-MEC, mientras Europol y las fuerzas de seguridad mexicanas intensifican su cooperación. México construye con Bruselas una relación que reconoce su agencia y no llega con lista de exigencias. Eso no cancela la asimetría con Washington, pero eleva el costo político del unilateralismo. Un México con interlocución activa con la Unión Europea y una posición soberana internacionalmente reconocida es más difícil de tratar como provincia administrada.
La semana pasada hizo visible lo que suele quedarse en la retórica diplomática. Hay dos formas de relacionarse con México en materia de seguridad: la que parte del reconocimiento mutuo y la que parte de la presión unilateral. La primera construye capacidad institucional. La segunda ya demostró, durante el calderonismo, a dónde lleva. El panismo pagó esa factura con el país entero. Campos la sigue abriendo.
