Durante el primer trimestre de 2026, la economía mundial se ha visto sacudida por un nuevo episodio de inestabilidad geopolítica derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este enfrentamiento ha tenido como uno de sus principales canales de transmisión el mercado energético, particularmente a través de un aumento abrupto en los precios internacionales del petróleo. Como consecuencia, se han intensificado las presiones inflacionarias, la volatilidad financiera y los ajustes a la baja en las expectativas de crecimiento económico a nivel global. En este contexto, tanto economías emergentes como desarrolladas enfrentan retos diferenciados, en función de su grado de dependencia energética y de su posición como productores o importadores de hidrocarburos.
Un shock energético genera un efecto multiplicador negativo sobre la economía al afectar de manera simultánea la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. El encarecimiento de los energéticos eleva los costos de producción en los sectores industrial y agrícola, así como los costos de transporte y logística. Este aumento generalizado de costos tiende a trasladarse a los precios finales, dando lugar a presiones inflacionarias persistentes.
A su vez, la inflación puede verse reforzada en un entorno de depreciación del tipo de cambio, que encarece los bienes e insumos importados, así como por los ajustes en las tasas de interés derivados de una política monetaria más restrictiva orientada a contener dichas presiones. En conjunto, estos factores suelen traducirse en un menor dinamismo de la actividad económica y en un aumento de la inestabilidad macroeconómica, particularmente en economías emergentes como la mexicana.
El precio del petróleo Brent se incrementó de 74 dólares por barril el 28 de febrero a 99 dólares el 9 de marzo, con picos intradía de hasta 120 dólares. Este comportamiento respondió, por un lado, a la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo de Irán, tras el fallecimiento de su padre, lo que fue interpretado por los mercados como una señal de continuidad en la línea más dura del régimen y de una posible prolongación del conflicto bélico. Por otro lado, el alza de los precios por encima de los 100 dólares por barril se asoció con restricciones en la oferta de petróleo y gas, derivadas de la toma del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y de los ataques a instalaciones de producción y refinación de petróleo en la región.
Tradicionalmente, los países se clasifican como ganadores o perdedores ante un shock petrolero: los primeros suelen ser productores y exportadores de crudo, mientras que los segundos corresponden a economías importadoras netas. En el caso de México, su condición de productor podría sugerir, en principio, un efecto favorable. Sin embargo, un análisis más detallado de la balanza petrolera —entendida como la diferencia entre las exportaciones e importaciones de petróleo y petrolíferos— revela una realidad distinta. Desde 2016, el país mantiene un déficit estructural en esta balanza, lo que lo posiciona más bien como un perdedor neto frente al encarecimiento del crudo. A ello se suma que, en años recientes, México ha reducido de manera deliberada sus exportaciones de petróleo crudo con el objetivo de fortalecer la producción interna de refinados, destinando una mayor proporción del hidrocarburo al consumo doméstico.
El aumento en las cotizaciones internacionales del petróleo ha tenido un impacto directo sobre los precios de los combustibles en el mercado interno. Entre el inicio del conflicto y el 30 de marzo, la gasolina magna registró un incremento cercano al uno por ciento, mientras que la gasolina premium y el diésel mostraron aumentos de alrededor del nueve por ciento. Estos ajustes reflejan la transmisión parcial del shock energético global hacia los precios al consumidor, particularmente en un contexto de elevada volatilidad en los mercados internacionales de energéticos. Con el objetivo de contener el aumento en los precios de los combustibles, se implementaron topes voluntarios de 24 pesos por litro para la gasolina magna y de 28.5 pesos para el diésel, establecidos mediante acuerdos entre el gobierno federal y el sector empresarial orientados a la estabilización de precios.
Por su parte, el gas LP registró un incremento ligeramente superior al 4.0%, mientras que el precio del gas natural aumentó poco más del uno por ciento. Estas presiones alcistas han sido mitigadas parcialmente gracias a los subsidios federales aplicados a la gasolina magna y al diésel, así como a la fijación semanal de precios del gas LP a cargo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); esta política gubernamental ha contribuido a moderar la transmisión del shock energético hacia los precios al consumidor.
El cierre del Estrecho de Ormuz en marzo de 2026 también ha desestabilizado el mercado mexicano de fertilizantes, encareciendo los costos operativos del sector agrícola. Con una dependencia externa cercana al 75%, México permanece altamente expuesto a la volatilidad internacional en el suministro de urea, fosfatos y cloruro de potasio. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por reactivar la producción interna, la vulnerabilidad es especialmente crítica para los productores de maíz y trigo, quienes enfrentan los mayores impactos derivados del encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados.
El estallido del conflicto bélico ha generado un shock de volatilidad en los mercados financieros globales, rompiendo la relativa estabilidad observada al inicio del año. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos (el índice Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500) experimentaron caídas significativas durante el mes de marzo de 2026. En este entorno, las empresas de defensa y energía han experimentado incrementos en su valoración, mientras que las compañías de consumo y tecnología han sido las más afectadas ante el temor de un escenario de estanflación.
En México, la Bolsa Mexicana de Valores ha mostrado una elevada volatilidad, con una caída acumulada del 6.08% al 30 de marzo del año en curso. Ante el repunte inflacionario, los principales bancos centrales del mundo han optado por mantener sin cambios sus tasas de interés. En contraste, el Banco de México redujo de manera inesperada su tasa de referencia en 25 puntos base, ubicándola en 6.75%. Por su parte, el tipo de cambio ha reflejado la incertidumbre global, con una tendencia a la depreciación de su moneda en economías importadoras de energía. En el caso de México, el peso se ha depreciado 5.33% pasando de 17.25 pesos por dólar del 27 de febrero a 18.17 pesos por dólar al 30 de marzo.
La inflación ha mostrado un nuevo repunte, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la primera quincena de marzo, la tasa anual se ubicó en 4.63%. Entre los componentes con mayores incrementos destacan los productos agropecuarios (3.83%), las frutas y verduras (8.34%), el transporte aéreo (21.86%) y la electricidad (2.17%). En este último caso, es relevante señalar que el consumo doméstico se encuentra subsidiado a través de la regulación tarifaria de la Comisión Federal de Electricidad.
En los Criterios Generales de Política Económica para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectó un crecimiento económico en un rango de 1.8% a 2.8%. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al incorporar los efectos del conflicto, estima una tasa más moderada de 1.3% para ese año.
La prolongación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán configura un entorno macroeconómico particularmente adverso tanto para la economía global como para países importadores netos de energía, entre ellos México. La persistencia de precios elevados del petróleo sugiere la presencia de un shock de costos de carácter más duradero que transitorio, lo que incrementa el riesgo de un escenario de estanflación, caracterizado por bajo crecimiento económico y presiones inflacionarias persistentes.
En suma, el actual shock petrolero no solo cuestiona la percepción de México como beneficiario de los altos precios del crudo, sino que también pone de relieve sus vulnerabilidades estructurales y eleva la probabilidad de un entorno macroeconómico adverso si las tensiones geopolíticas persisten y continúa el déficit de la oferta mundial de energéticos.
