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La radio comunitaria e indígena, espacio privilegiado que defender (I)

(Algunos antecedentes de contexto)

Ya en los años setenta, el porvenir de la comunicación escrita se veía incierto. El periodismo de aquella época, inserto aún en una ética de difusión y divulgación de la veracidad en la nota y la publicidad, se veía amenazado por un futuro que emanaba de un neoliberalismo creciente y con pretensiones de escasa moral y gran distanciamiento de la verdad, así como por su oportunismo frente a la contingencia de la nota diaria.

El sistema informativo liberal vigente, de acuño colectivo de posguerra, daba una vuelta al bucle. Liderado ya por el imperialismo de los Estados Unidos de América, desmarcándose de Occidente, pero enraizado en una geopolítica de corte inglés. Para esas fechas, el prestigio de los diarios —la prensa escrita— mantenía su reconocimiento tras una cortina de veracidad que, aunque contingente, se distanciaba de la nota falsa y del periodista sin moral ni ética que lo representara.

México tenía sus opciones, como Excélsior, la revista Proceso, El Machete y periódicos locales, que, sin embargo, ya vivían embestidas de un mal gobierno aliado al empresariado sin escrúpulos y al ocultamiento del acontecimiento. Al mismo tiempo, el chayote, el chantaje y otros vicios tomaban forma, según fuera el caso.

Ya la UNESCO, como organismo internacional de amplia influencia mundial en el campo educativo, prospectaba que no se trataba solo de información proveniente de izquierdas o derechas conservadoras de la posguerra, de una escritura informativa de ficción o de la puntillosa y radical descripción del hecho sin ningún intento de interpretación desinteresada —atendiendo al neopositivismo científico que dominaba en la formación de periodistas—; también se vislumbraba un proceso de deterioro de la función del Estado como defensor del derecho a la libertad de expresión veraz y del apoyo a los medios que mostraran una ética responsable con la ciudadanía de cada Estado o país.

De ahí que el Informe McBride, solicitado por la UNESCO a un pequeño grupo de escritores latinoamericanos y del mundo, haya sido necesario —con sus respectivas recomendaciones— para que los Estados previnieran la corrupción de la prensa que, día a día, se desmarcaba de los criterios de verdad mínimamente necesarios para asegurar el derecho a un individuo(a) bien informado(a) y, por lo tanto, educado(a), en una cultura del buen decir y, sobre todo, del pensar y decidir las posturas ciudadanas a tomar frente a los acontecimientos que asentaban su huella en la historia de las instituciones de la época.

Hasta aquí, la comunicación informativa escrita era valorada como un dispositivo social para la educación ciudadana en todos los ámbitos que ello implica, a pesar de que su ejercicio cotidiano representaba un esfuerzo y profesionalismo muy rigurosos y políticamente muy comprometidos.

La radio, que mostraba una gran popularidad, siendo el medio de mayores alcances para cualquier clase social, garantizaba la inclusión de la población analfabeta efectiva y funcional de la época. En ese sentido, se debatía entre ser un dispositivo de entretenimiento y diversión o un espacio educativo donde la veracidad fuera por delante. Así, sin importar demasiado el grupo que tuviera acceso a un aparato radiofónico, su inmediatez y bajo costo social tendrían una base más sólida para la educación y formación de sus públicos. Sin embargo, desde sus inicios fue instrumento de la iniciativa privada y solo un pequeño filón, en la frecuencia de AM, fue concesionado a grupos locales como radios comunitarias de alcance territorial muy delimitado y con propósitos que iban de lo comercial y el divertimiento musical, así como la transmisión de radionovelas, hasta el servicio comunitario.

La televisión, en tanto y sin duda, se vislumbraba como el dispositivo clave para la creciente industria del entretenimiento y el discurso de los mercados, la promoción de mercancías que ya expandía, más allá de su valor de uso, el fetichismo instalado en el valor de cambio y la mediación del dinero, aportando beneficios lúdicos a quien tuviera condiciones de acceso a ellas. Aquí, la ficción visual había encontrado el espacio mágico y casi natural que ni la prensa ni la radio lograban.

A pesar de lo que ya era evidente, el Informe McBride enfocó su mirada sobre la prensa y su futuro, abandonando toda intención de integrar a la televisión y a la radio como espacios y dispositivos por analizar y prefigurar como instrumentales tan o igual de importantes en aquellos años para avanzar en la educación de públicos diversos, con la mediación que a las tecnologías de la comunicación correspondía.

Así es que, al margen del rumbo que el Informe McBride tomó, ni la radio ni la televisión tuvieron la oportunidad de ser pensadas como instrumentales estratégicos de los Estados en el arduo quehacer educativo. Y ante tal ausencia de interés de los gobiernos, serán los propósitos privados quienes se apropiarán de su versatilidad y los ponderarán como instrumentos clave para difundir los principios y objetivos neoliberales de lo que sería un tramo histórico fundamental para la ficción mercantil y/o el control del pensamiento ciudadano, que se sintetizan en un discurso de los mercados y en el dominio de los corporativos que hoy, en pleno siglo XXI, determinan el rumbo de la geopolítica en el mundo.

De cualquier manera, el Informe mismo es balbuceante, repetitivo y su efecto propositivo se centrará en la responsabilidad que los Estados debían tener para asegurar los espacios y contextos de comunicación escrita, como coadyuvante al derecho ciudadano de ser informado con veracidad. Es en este contexto que, al paso de los años, vemos cómo la verdad se obnubila como factor necesario y suficiente para mantener equilibrios entre esta y la falsedad, ambas tan frágiles como necesarias y soporte de los lazos sociales en marcos éticamente pertinentes y responsables. La función educativa responsable de estos tres dispositivos se difuminó y se centró en el marco de la escolarización como un sistema cerrado en sí mismo y al servicio de los intereses empresariales y de gobernanza.

La política, el derecho, la ciencia y la tecnología, incorporadas a la propiedad de la iniciativa privada, hallarán sentido en la estructura perversa del corporativismo para trastocar todo aquello que se oponga y limite “sus pulsiones” incontenibles de acumulación y dominio.

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