Las madres buscadoras volvieron a salir este fin de semana a exigir algo que en cualquier Estado funcional debería ser elemental: identificación humana, verdad y respuesta institucional. No pidieron privilegios. Pidieron saber dónde están sus hijos. Pidieron que los restos hallados en fosas, montes y servicios forenses no permanezcan durante años acumulados en refrigeradores, bolsas o archivos olvidados.
La escena se repite desde hace más de una década en Veracruz y en buena parte del país. Mujeres con fotografías colgadas al pecho recorriendo oficinas, barrancos, cañaverales y cementerios clandestinos mientras el aparato institucional avanza con lentitud desesperante. Muchas terminaron aprendiendo solas tareas forenses básicas, lectura de terreno y protocolos de búsqueda. El Estado mexicano llegó al extremo moral de obligar a madres civiles a convertirse en rastreadoras de fosas.
Nada de esto apareció de la nada. La crisis explotó después de la militarización impulsada por Calderón en 2006. Desde entonces las desapariciones se multiplicaron, las ejecuciones se volvieron clandestinas y las estructuras criminales se dispersaron hasta volverse casi invisibles. En Veracruz, el periodo de Javier Duarte profundizó brutalmente esa oscuridad: el estado se convirtió en sinónimo nacional de fosas, desapariciones y colapso institucional.
Las denuncias contra corporaciones de seguridad, el hallazgo constante de restos humanos y la incapacidad para identificar miles de cuerpos dejaron una herida histórica que todavía no cierra.
Pero quizá lo más doloroso sea otra cosa: el abandono emocional de las víctimas.
Detrás de cada ficha de búsqueda hay una familia detenida en el tiempo. Madres que dejaron de dormir normalmente hace años. Personas que ya no esperan justicia plena sino apenas una llamada, una coincidencia genética, una respuesta mínima que les permita, al menos, dejar de esperar lo imposible. Las desapariciones producen una forma especialmente cruel de violencia porque suspenden el duelo: no hay cuerpo, no hay certeza, no hay cierre. El desaparecido sigue vivo para quienes lo buscan, y muerto para el Estado que dejó de buscarlo.
Por eso las madres buscadoras se han convertido en una conciencia moral del país. Mientras buena parte de la sociedad intenta continuar la vida cotidiana, ellas recuerdan que debajo del paisaje mexicano existen miles de ausencias sin resolver. Transformaron el dolor privado en búsqueda colectiva. Sin recursos, bajo amenazas, contra una burocracia que ni siquiera acusa recibo.
Veracruz necesita avanzar mucho más rápido en identificación humana y fortalecimiento forense. No basta encontrar restos; hay que devolver nombres. No basta abrir fosas; hay que cerrar décadas de impunidad. Cada cuerpo sin identificar prolonga el sufrimiento de alguna familia que sigue esperando.
Mientras tanto, Arturo Bermúdez Zurita, el hombre fuerte de Duarte al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante los años más oscuros de Veracruz, lleva libre desde 2018. Acusado de desaparición forzada de 15 personas, salió de prisión tras un año y nueve meses porque un juez determinó que ese delito no era grave según el Código Penal estatal. En diciembre de 2024 los magistrados revocaron además su vinculación a proceso. No ha pisado la vida pública. No ha rendido cuentas. El expediente avanza, lento, mientras las madres siguen saliendo con pala y varilla.
Y cada madre que tiene que salir con pala y varilla a buscar a su hijo representa también una derrota ética del Estado y, políticamente, de la 4T.
