José Lima Cobos
La mano dura del Estado debe volver, postulan quienes han convertido este país en un cementerio nacional. Creen que, porque se persignan y comulgan todos los días, su Dios, al que sirven, no les aplicará ningún castigo severo cuando llegue el día. Así que su política no varía y no la van a cambiar de ningún modo, pues están habituados a vivir en la opulencia que proviene de la corrupción de gobiernos corruptos que se niegan a morir. Al ver la amenaza de una transformación profunda, aparecen junto a los obispos de Chihuahua o Aguascalientes que, cobijados en la estola llena de sangre o de la pedofilia, lucen de manera ofensiva y majadera que no existe un Estado laico, sino más bien un régimen de contubernios y simulaciones.
Bien se definía Francisco Villa cuando llevaban a un religioso que se oponía a que los niños fueran a las escuelas que creó en Chihuahua: «Mátenlo y luego averiguamos». Eso ya no existe en Chihuahua ni tampoco en Aguascalientes, porque existe un orden jurídico constitucional que obliga al Estado Mexicano, encabezado por su presidente de la república en turno, a la obligación indeclinable de otorgar la educación laica y gratuita a todos por igual. Sin embargo, bajo el amparo de una controversia constitucional y la aviesa conducta del ministro María Aguilar Morales, viola el artículo 3 constitucional, apoyando el interés superior de los niños y adolescentes, al otorgar una suspensión provisional para bloquear la entrega de los libros gratuitos.
La actitud del ministro Aguilar cae contundentemente en lo que establece el artículo 109 constitucional: «que se le apliquen sanciones al afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y aplicar las sanciones de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como las sanciones económicas». Y no permitir jamás que nadie viole la constitución, porque la tolerancia del Estado lleva a su ineficiencia social. Hay que observar que la prudencia se conoce de otra forma que por respeto al lenguaje de la señora X, se escribe.
Es correcto que se ataque jurídicamente la decisión que adoptó dicho ministro de la Corte y que sea el pleno de ese poder el que resuelva la controversia. Sin embargo, para cumplir con lo que establece el artículo 1º de la constitución que precisa «todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad». En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En síntesis, con independencia de lo que se resuelva, amerita el castigo que exige para quien atente contra la ley que regula y norma las relaciones en la vida del país.
Si se ha denunciado de manera reiterada por el propio presidente de la república que ese poder judicial está podrido y corrompido, en aras de una mal entendida independencia y autonomía para dictar resoluciones. Las mismas, por tener el imperativo que involucra, traen consigo responsabilidad para quien las emite. La acción tiene que ejercitarse, porque ningún sentido tiene que exista el agravio o delito y que este quede impune. En el sistema acusatorio y oral no se exige la acreditación del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, sino que solo es necesario identificar que se ha cometido un hecho determinado en la ley como delito y exista la probabilidad de que, como en el caso del ministro Aguilar Morales, lo cometió o participó. En el caso estudiado, es elocuente su conducta irregular, lo que lleva consigo la sanción prevista en el ordenamiento jurídico, que el ministro debe conocer.
Es tan grave la actitud de conceder esta suspensión a raja tabla o por perversidad de dicho servidor público, que la clerecía tiene bandera para emprender el camino que conduce a alertar a los enemigos del país, mediante el manejo de las conciencias. Ya está previsto que vivimos en un Estado democrático, de derecho y laico, y los gobernadores de esos dos estados se han involucrado de manera tal que no se puede tolerar ni quedar impunes. Ya no más silencio ni tolerancia, a fondo en el combate a la corrupción.
A ojos vistas, los adversarios quieren que cambie la estrategia en materia de seguridad: «balazos y no abrazos». Mientras el gobierno se esfuerza en enfrentar las causas que alimentan la violencia, los murciélagos del sistema, ávidos de más sangre, apuestan a que el país siga ensangrentándose y que la voluntad de Dios se siga haciendo en los bueyes de mi compadre. Ya han medrado desde el gobierno – Paredes, Creel, Xóchilt -, como es el caso de los aspirantes de la oposición que postulan la criminalidad por encima de todo.
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