Por Irvin Uriel López Bonilla
En muchas comunidades mexicanas, la distribución del agua no depende de organismos operadores ni de opulentas infraestructuras estatales. En cambio, son los propios habitantes quienes organizan el acceso, mantienen redes, reparan fugas y establecen acuerdos para el uso cotidiano del recurso. Este tipo de organización, que ha garantizado el abastecimiento en numerosos territorios rurales durante décadas, aparece ahora incorporado en la Ley de Aguas. Sin embargo, la manera en que la norma intenta integrarlo al marco institucional plantea dudas sobre el alcance de ese reconocimiento.Por
La Ley de Aguas dedica cuatro artículos a los llamados sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Los artículos 40 al 43 buscan darles un lugar dentro del marco jurídico, pero lo hacen a partir de una lógica en la que la gestión comunitaria queda subordinada a la estructura administrativa del servicio público. Estos sistemas sólo pueden operar en zonas que no estén dentro del área de prestación de servicios municipales, estarán limitados al uso personal y doméstico, deberán operar sin fines de lucro y se regularán por las normas que emitan los congresos estatales, excepto los administrados por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Este reconocimiento condicionado plantea varias preguntas. ¿Qué ocurrirá con los sistemas comunitarios que han operado históricamente en territorios donde un municipio decida ampliar su cobertura? ¿Podría una decisión administrativa redefinir los límites del servicio y desplazar las formas de gestión comunitaria que ha sostenido el abastecimiento local?
La sostenibilidad también genera incertidumbre. Si la ley establece que los sistemas deben operar sin fines de lucro y limitados al uso personal y doméstico, ¿cómo financiarán el mantenimiento de la infraestructura, la reparación de redes o la potabilización del agua? En muchas comunidades, las pequeñas cuotas de recuperación no representan una lógica de mercado, sino acuerdos colectivos que sostienen el funcionamiento del sistema. La distinción entre usos domésticos y productivos complica aún más la situación, pues en numerosos contextos rurales el agua que abastece una vivienda también puede alimentar, por ejemplo, un huerto familiar. ¿Hasta qué punto es posible trazar una frontera jurídica clara entre estos usos cuando, en la práctica, forman parte de un mismo ciclo de vida comunitaria?
Se suma la decisión de remitir la regulación específica a las legislaturas estatales. Si cada entidad establece requisitos distintos para registrar, operar o supervisar los sistemas, ¿qué impacto tendrá este mosaico normativo en la pluralidad y en las desigualdades entre comunidades? ¿Qué ocurrirá mientras no se emitan las leyes correspondientes? ¿Cómo se coordinarán estos marcos normativos con la legislación federal destinada a regular los sistemas de agua en comunidades indígenas?
Más que respuestas, estamos en una vorágine de preguntas producida por la forma en que la ley intenta integrar a los sistemas comunitarios dentro de la arquitectura jurídica del agua, en un contexto marcado por la complejidad social, las desigualdades territoriales y la presión creciente sobre los recursos hídricos.
