Cuando Claudia Sheinbaum respondió en la mañanera “qué bueno que tocas ese tema”, entendió lo esencial: no se estaba discutiendo una etiqueta, sino la arquitectura de una amenaza.
Llamar terrorismo al narcotráfico no es una precisión técnica. Es un desplazamiento político, jurídico y militar. Es mover un fenómeno criminal al terreno de la guerra. Y cuando ese corrimiento lo impulsa Washington, no hay que fingir ingenuidad: lo que se prepara no es una mejor cooperación, sino una nueva legitimación del intervencionismo.
Trump no inventó el impulso imperial estadounidense, pero sí lo despojó de pudor. Su doctrina es simple: convertir problemas complejos en enemigos absolutos y usar esa simplificación para ampliar facultades, militarizar respuestas y proyectar poder fuera de sus fronteras.
Así ha tratado la migración, el comercio y a México. Incluso ha hablado de territorios ajenos como si siguieran disponibles para apropiación. No es una excentricidad verbal. Es un método.
En ese marco, la asociación narcotráfico-terrorismo cumple una función estratégica. No busca entender mejor el crimen organizado. Busca cambiar el marco de acción del Estado. El terrorismo activa otra gramática: excepcionalidad, inteligencia militar, operaciones extraterritoriales. Lo que era cooperación policiaca se desplaza hacia un esquema de seguridad hemisférica bajo mando estadounidense.
Eso es lo que Sheinbaum vio con claridad. No estaba corrigiendo una definición; estaba cerrando una puerta. Javier Milei, en ese tablero, no aparece como estadista sino como lo que es: un bufón enajenado de comprensión precaria, útil para repetir la consigna del trumpismo continental. Su decisión de declarar terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación no nace de un conocimiento serio de la complejidad mexicana ni de una doctrina regional propia. Nace de la obediencia ideológica. No piensa América Latina; la ofrece. No construye soberanía; la entrega en nombre de una cruzada rudimentaria contra enemigos prefabricados desde Donald Trump.
No está sólo. Daniel Noboa es otra pieza funcional de esa reconfiguración regional. El antecedente peruano mostró hasta qué punto gobiernos debilitados pueden buscar sostén externo abrazando el lenguaje de orden, guerra y excepción. No se trata de coincidencias. Se está formando un cinturón político de disponibilidad. Lo grave es que esa construcción llega envuelta en coartada moral.
Se dirá que se combate a criminales despiadados. Pero el problema no es reconocer la ferocidad del narcotráfico. Es permitir que esa ferocidad sea usada como licencia para redefinir la soberanía ajena. Washington no ofrece una solución integral. Abre un marco que le permita intervenir más, decidir más y condicionar más. El crimen funciona como argumento y como pretexto. Por eso la respuesta mexicana importa.
Defender la soberanía aquí no es retórica. Es defender la facultad del Estado para nombrar sus problemas, definir sus leyes y decidir hasta dónde coopera. El día en que México acepte la equivalencia entre narcotráfico y terrorismo bajo definición externa habrá aceptado que otro poder empiece a definir su seguridad interior.
No es una hipótesis. Es un método. Primero cambian el nombre. Luego cambian el marco. Después intervienen. Cuando se quiere reaccionar, el país ya no decide.
