Hace una semana, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco pusieron un número sobre la mesa: 269. Ésa es la cantidad de solicitudes de extradición que México ha enviado a Estados Unidos entre el 1° de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026. Los medios nacionales lo reportaron un día y siguieron adelante. Hoy el tema volvió: la FGR citó a Rocha Moya y a Maru Campos a entrevistas de investigación. El gobierno las llama procedimientos rutinarios. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué hace México con esa información? ¿Qué consecuencia política produce una denuncia que el gobierno formula y luego no cobra?
Estados Unidos ha recibido de México 92 presos del crimen organizado en el último año y medio: 29 en febrero de 2025, 26 en agosto y 37 en enero de 2026. Entre ellos, Lucio Hernández Lechuga, alias Z-100, líder regional de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, entregado en febrero de 2025 para alimentar expedientes de fiscales federales estadounidenses.
Veracruz aportó un objetivo de alto valor a las cortes de ese país. A cambio, ninguna solicitud mexicana ha sido resuelta. De las 269 enviadas a Washington, ninguna ha recibido respuesta afirmativa. 36 fueron rechazadas. Las 233 restantes llevan años suspendidas en un trámite sin resolución ni fecha.
La asimetría tiene nombre: es una política deliberada. Washington extradita lo que necesita para alimentar sus propios expedientes judiciales y congela lo que México necesita para los suyos. El exgobernador García Cabeza de Vaca, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero, reside en Estados Unidos desde 2022 sin que se concrete procedimiento alguno. Los responsables vinculados a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa permanecen fuera del alcance de la justicia mexicana. Funcionarios corruptos que huyeron con dinero público: retenidos sin fecha, sin explicación pública, bajo la protección práctica de un sistema que les resulta conveniente.
En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional enviadas por México, Washington respondió pidiendo información adicional. Congela. Mantiene a México en espera indefinida mientras extrae lo que le conviene. Es una burocracia diseñada para producir apariencia de proceso sin producir resultado, y para mantener a México en posición de deudor permanente de una cooperación que fluye en una sola dirección.
El patrón tiene historia. En 2020, el general Cienfuegos fue detenido por la DEA en Los Ángeles sin notificación previa a México y liberado un mes después bajo presión diplomática del gobierno de López Obrador. En 2023, Ismael Zambada fue atraído a territorio estadounidense mediante un operativo que implicó engaño y la participación de actores políticos mexicanos. La Iniciativa Mérida financió durante años operaciones de inteligencia en suelo mexicano cuyo alcance México nunca controló del todo. En cada episodio, la soberanía mexicana fue el costo de una cooperación que Estados Unidos define, administra y aprovecha en sus propios términos, con sus propios tiempos y para sus propios fines. La secuencia describe una línea de conducta, no una acumulación de errores diplomáticos.
El caso Rocha Moya completa la imagen: extradición ejecutada violando un amparo federal vigente, con dos funcionarios menores entregados mientras el gobernador, el senador y el presidente municipal señalados permanecen intocados. Estados Unidos persigue a quienes pueden serle útiles como testigos cooperantes en sus propios juicios. La selectividad es el método.
La cobertura mediática ya dejó pasar el tema. El gobierno lo expuso y guardó silencio sobre las consecuencias. Cada extradición que México conceda de aquí en adelante debe tener un precio explícito y cobrado: la resolución de una solicitud mexicana pendiente. La reciprocidad que Washington exige tiene que ser la misma que practica. México lleva ocho años esperando que eso ocurra de manera espontánea. No ocurrirá.
