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El territorio avisa 

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El martes, la muerte masiva de peces en el Papaloapan. Hoy, la alerta oficial sobre degradación del suelo en el Pico de Orizaba, el Valle de Perote y la Sierra de Zongolica. No son noticias inconexas. Son síntomas del mismo proceso: Veracruz está perdiendo la base material que sostiene la vida.

La Comisión Nacional del Agua confirmó lo que el territorio lleva años mostrando. Los suelos pierden fertilidad y capacidad de retener agua. La deforestación avanza. Las prácticas agrícolas inadecuadas aceleran la erosión. El cambio climático concentra las lluvias en periodos cada vez más cortos y alarga los lapsos sin precipitación. El resultado no es un desierto de arena, pero sí tierras que dejan de producir, ríos que bajan su nivel, ecosistemas que se fragmentan. La especialista de Conagua advirtió además que el fenómeno de El Niño podría reducir las precipitaciones en los próximos meses y elevar el riesgo de sequía hacia principios de 2027. El margen para actuar se estrecha.

En 2024, 211 de los 212 municipios de Veracruz registraron algún grado de sequía. Fue el año con mayor número de municipios en condición de sequía excepcional desde que existe registro. No fue una anomalía climática aislada: fue la expresión de un deterioro acumulado durante décadas al que los sucesivos gobiernos respondieron con omisión. Las cuencas hidrográficas no se protegieron. La cobertura forestal no se restauró. Los incentivos productivos no cambiaron. Y mientras tanto, ríos como el Papaloapan acumularon la presión de ese deterioro hasta que los peces empezaron a morir.

Veracruz es uno de los estados con mayor biodiversidad del país y uno de los más ricos en recursos hídricos. Esa condición no es permanente ni está garantizada. La ganadería extensiva ha avanzado sobre zonas de recarga hídrica en la sierra y en las estribaciones del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Los monocultivos agroindustriales han sustituido selvas y bosques de galería que antes regulaban los ciclos del agua. La tala, legal e ilegal, ha reducido la cobertura forestal en regiones enteras. Ninguno de estos procesos ocurrió en silencio: ocurrieron con permisos, con omisión de las autoridades competentes, con la vista gorda de gobiernos estatales que privilegiaron intereses de corto plazo sobre la sostenibilidad del territorio.

El Papaloapan no murió solo. Es el resultado acumulado de años de descargas no tratadas, de deforestación de sus riberas, de pérdida de los humedales que filtran y regulan sus aguas. La mortalidad masiva de peces es el punto visible de un deterioro que viene de más atrás y que, si no se interviene, seguirá avanzando cuenca abajo. Lo mismo ocurre con los suelos del Valle de Perote, erosionados por décadas de agricultura sin rotación y sin restauración, o con los bosques de la Sierra de Zongolica, fragmentados hasta perder su función como esponjas naturales de captación de agua. Son procesos distintos en geografías distintas, pero obedecen a la misma lógica: la extracción sin reposición, el uso sin cuidado, la ganancia inmediata sobre la viabilidad futura.

La pregunta no es si Veracruz enfrenta una crisis ambiental. Eso ya está respondido. La pregunta es si el gobierno del estado tiene la voluntad política de actuar a la altura de lo que está en juego. No con campañas de imagen ni con declaraciones en el Día Mundial contra la Desertificación. Con política pública real: programas de restauración forestal con presupuesto y metas verificables, ordenamiento territorial que detenga el avance de actividades destructivas sobre zonas de recarga hídrica, tratamiento de aguas residuales en los municipios que vierten al Papaloapan y sus afluentes, reconversión productiva en las zonas más degradadas, y mecanismos de vigilancia y sanción que hoy no existen o no se aplican. El diagnóstico está. La información técnica está. Lo que ha faltado es decisión.

El territorio no espera. Cada temporada de lluvias que pasa sin intervención es suelo que no se recupera, agua que no se retiene, biodiversidad que no vuelve. Lo que hoy se presenta como una alerta puede convertirse, en una generación, en una emergencia sin salida. El Estado debe actuar ya.

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