Orizaba, Ver.- La extorsión se ha convertido en un flagelo que golpea día a día a empresarios, transportistas, productores agrícolas, comerciantes y a la sociedad en general, extendiéndose con una fuerza que ya detiene inversiones, paraliza actividades económicas y pone en riesgo la vida de las personas afirmó Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, quien exigió una revisión urgente de las estrategias de seguridad en la región y en todo el país.
A contrapelo de la cifras recientemente dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que marcan un descenso en este delito de 13.4 por ciento los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2024, el religioso opinó que dicho delito no es un fenómeno aislado ni temporal, sino una realidad profundamente enraizada en distintas actividades económicas y sociales.
Destacó que cada vez más sectores productivos se ven afectados, mientras que el miedo y la presión criminal debilitan el crecimiento y frenan proyectos que antes generaban empleo y estabilidad. “Es una realidad que sufren empresarios, transportistas, productores agrícolas, comerciantes de distintos niveles y la sociedad en general (…) se ha expandido, son muchos los que la padecen y esto merma la actividad y se afecta el patrimonio de las familias”, recalcó.
Explicó que el impacto no se limita al aspecto económico, las víctimas enfrentan hostigamientos constantes, amenazas vía telefónica o directamente en sus negocios, cobros forzados y en los casos más graves agresiones físicas que ponen en riesgo su integridad y su vida.
“Lamentablemente, muchas veces se afecta la integridad de las personas y sus vidas. Se trata de un delito que siembra miedo y que vulnera profundamente a las comunidades”, afirmó.
Mencionó que por este ilícito pequeños y medianos comercios han tenido que cerrar, productores agrícolas han preferido abandonar sus tierras y transportistas han reducido o modificado rutas por temor a represalias e insistió en que esto afecta directamente a las familias que dependen de estas actividades y deteriora el tejido económico regional.
“La extorsión no sólo golpea a quienes la padecen de manera directa, sino que deteriora el entorno completo. Cuando un comerciante cierra, cuando un productor abandona su tierra o cuando un transportista deja de operar por miedo, toda la comunidad resiente las consecuencias”, refirió.
Advirtió que la falta de denuncias a causa del miedo, desconfianza o falta de garantías, dificulta que las autoridades dimensionen la magnitud real del problema. Por ello, subrayó que es indispensable generar mecanismos confiables y seguros que permitan a las víctimas acudir a las instancias correspondientes sin poner su vida en riesgo.
Ante el incremento de casos, consideró urgente que las autoridades e instituciones responsables de la seguridad revisen y fortalezcan sus estrategias actuales. Aseguró que este ilícito se ha convertido en un desafío grave y persistente, que requiere respuestas más coordinadas, eficientes y visibles.
“Las autoridades e instituciones responsables de la Seguridad Ciudadana pudieran revisar las estrategias necesarias para combatir este delito que se ha convertido en un flagelo en nuestro país”, expuso.
Destacó que mejorar la presencia policial, reforzar la inteligencia operativa, garantizar la protección a quienes denuncian y establecer canales de comunicación más directos entre autoridades y sectores productivos son acciones indispensables para comenzar a frenar este fenómeno.
Enríquez Báez pidió a la sociedad no normalizar la extorsión y mantener la solidaridad con quienes la enfrentan. También exhortó a las autoridades a cumplir con su mandato fundamental: proteger la vida, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos.
“La extorsión no debe verse como parte de la vida cotidiana. Es un delito que destruye, que provoca miedo y que limita el desarrollo de todos. Como sociedad debemos acompañarnos y exigir que las instituciones cumplan con su labor de protegernos”, concluyó.
