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La marcha presentada como “rebeldía de la Generación Z” terminó revelando algo muy distinto: no fue una protesta juvenil, sino la puesta en escena de una derecha adulta y ansiosa, decidida a usar cualquier recurso para simular fuerza social. Bastaba ver el Zócalo: la mayoría de los asistentes superaba los treinta años, varios eran opositores conocidos y el contingente juvenil auténtico era reducido. La etiqueta generacional fue un disfraz para vender una narrativa falsa: la de una juventud “harta” que en realidad casi no estaba allí.
El punto más grave del día lo marcó el “bloque negro”, un grupo de encapuchados que llegó con herramientas para desmontar las vallas de Palacio Nacional. No improvisaron nada: sabían dónde golpear, cómo abrir brechas y cuándo avanzar contra una policía desarmada y con órdenes estrictas de contención. La violencia no fue espontánea ni marginal. Fue una operación deliberada.
Ese tipo de acciones no surge de la nada ni responde a indignación genuina. Todo indica que sectores de la oposición conservadora —incapaces de construir una alternativa electoral y cada vez más dependientes de la manipulación— apuestan a un guion peligroso: fabricar caos, infiltrar provocadores, empujar enfrentamientos y luego culpar al gobierno de “represión”. Es la receta clásica de la derecha radical cuando se queda sin votos: incendiar la calle para intentar debilitar a un gobierno legítimo.
No sorprende que figuras como Jorge Castañeda, que en múltiples espacios pidió “mentir, exagerar y ensuciar” al gobierno, formen parte del coro opositor. Su doctrina de guerra sucia encuentra traducción en estas escenas: si la mentira digital no basta, si los bots no alcanzan, si la protesta no prende, entonces que hable la violencia. Que un grupo minoritario provoque, que la policía resista, que las cámaras registren tensión, y que después la oposición venda el cuadro como evidencia de “autoritarismo”. Es la lógica del sabotaje.
Frente a eso, el gobierno optó por lo contrario: no reprimir. No usar armas, no escalar, no caer en la trampa. La orden fue clara: contener sin golpear. Paradójicamente, esa decisión —ética, democrática y alineada con estándares internacionales— se vuelve contra el propio gobierno en el discurso público: la derecha la lee como “debilidad”, los violentos como oportunidad, y los medios conservadores como prueba de “ingobernabilidad”. La prudencia se vuelve munición para quienes buscan fabricar crisis.
Pero el riesgo es enorme. Basta un muerto —uno solo— para que toda la operación se revierta contra el Estado. Un policía gravemente herido, un infiltrado muerto accidentalmente, una estampida o un disparo aislado pueden detonar una tormenta política. Y si estos grupos violentos, financiados y organizados desde quién sabe dónde, deciden escalar, incluso con armas de fuego, el costo sería devastador para el país.
Por eso el debate ya no es sobre la marcha, ni sobre el disfraz generacional, sino sobre la mano que mueve a los provocadores. ¿Quién los convoca? ¿Quién paga sus herramientas? ¿Quién coordina las campañas digitales que inflan la narrativa? ¿Quién apuesta a que la violencia haga lo que las urnas no hicieron?
La derecha mexicana, en su versión más radical, ha cruzado un umbral peligroso: ya no discute, sabotea; ya no propone, incendia; ya no compite, manipula. Y lo hace sin medir que está jugando con un combustible que puede incendiar a todos.
El gobierno, por su parte, tiene la obligación de mantener la prudencia, pero también de investigar, identificar y exponer a los responsables antes de que una tragedia —fabricada o manipulada— sea usada como arma política.
Lo ocurrido en el Zócalo no fue una protesta. Fue un ensayo. Y sería un error histórico no entenderlo así.
