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La administración pública y la organización del Estado  

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Marco Vinicio Saldaña Valero

Los gobiernos de los tres niveles provenientes del partido Morena tienen en esta etapa y ciclo yuxtapuesto en que concurren al lado de un gobierno federal de la misma corriente política encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, sentar las bases de un Estado de derechos donde  la administración pública desdibuje la forma de dominio de la acción gubernamental del antiguo régimen. 

La administración pública sigue actuando a contracorriente del papel que desempeñan los intereses privados, en tanto, desde el poder legislativo los esfuerzos deben ser crecientes para desestructurar las regulaciones establecidas que mantienen el proceso de acumulación de capital y la función oligárquica del Estado mexicano.

Por lo tanto, es indispensable que en términos estructurales y coyunturales se lancen iniciativas tendientes a generar relaciones sociales y políticas donde el sujeto gubernamental parta de una situación laboral distinta a la que se ha alimentado de simulación, complicidad, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, clientelismo,  privilegios, paternalismo y la inocultable opacidad.

Nadie está en la cabeza del grupo gobernante por lo que, sin descartar el hecho de que éste  es heterogéneo y, algunos casos, de procedencia cuestionable, es indispensable que el gobierno se desburocratice y quienes están al frente de las dependencias privilegien el interés general y el propósito fundamental radique en contribuir a cambiar el Estado Mexicano y a la  instancia mediadora entre éste y la sociedad civil.

Es importante no perder de vista que la reorganización y replanteamiento de la administración pública es un acto que debe hacer clip con la sociedad civil y convertirse en un instrumento que se aboque a contrarrestar los efectos del capitalismo salvaje y de cuates en que se sentó el dominio político ejercido por la administración pública y que ya recuperadas atribuciones administrativas arrebatadas, la ley de egresos incida en contra del deterioro ocurrido en garantizar los derechos ciudadanos y en la acción gubernamental.

Un diagnóstico reciente es el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2023 realizado por el INEGI, con datos de 2022, no deja bien parada a la Administración Pública federal. 

Por ejemplo, el Censo reporta que “se recibieron 80 756 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones del personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública Federal y que representó un aumento de 189.1 % en comparación con los datos de 2021. 

No hay que descartar que un alto porcentaje de las denuncias estén politizadas pero en la medida que existe el conflicto es importante encontrar mecanismos democráticos que no soslayen y ni omitan los riesgos que resultan de la toma de decisiones debido a la afectación de intereses particulares que pueden ser pequeños, grandes o  mediatizados.

La vulnerabilidad de la acción gubernamental descansa en la tentación de la corrupción y para cerrar la brecha que posibilite tal tentación la licitación y transparencia de las operaciones que se realizan son importantes, básicas, por lo que si no obstante hay obstrucciones de carácter político que obliguen a ejercer la adjudicación directa, más que insistir en las mismas hay que garantizar que los protocolos sean inobjetables y los tiempos para dirimir las inconformidades no eviten la realización del proyecto.

“Al cierre de 2022, las instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 183 941 contratos con personas proveedoras y/ o contratistas. De los 178 754 contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 83.6 % se realizó mediante adjudicación directa. De los 3 792 contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, 50.1 % se llevó a cabo mediante licitación pública. “, dice el INEGI.

Por otra parte, los tramos de control y la estructura salarial deben establecerse sin duplicar funciones y sin puestos “colchón” como las direcciones adjuntas y coordinadores que evitan el trabajo colegiado y se convierten en mandos de élite, aparte de que son una línea de mando que ocupa muchos ingresos en gastos de operación.

El 58.2 % de los servidores públicos recibe una percepción menor a los 15 mil pesos y  el 39% menos de 10 mil pesos, mientras que el 19.4% recibe ingresos entre cuatro y cinco veces más. La brecha salarial es necesario disminuirla. En este contexto, “entre 2018 y 2022 el número de servidores públicos se incrementó en 98 mil 493 personas que representa una variación porcentual de alrededor del 7 por ciento con respecto al año anterior y es significativo el número de personal con pocos años en el servicio público.

Suma la situación  que “durante 2022, las instituciones de la Administración Pública Federal operaron 121 programas o acciones de desarrollo social. Del total de programas o acciones operados, 43.8 % contó con reglas y/ o lineamientos de operación. Asimismo, se ejerció un presupuesto de 1 390 745 156 512 pesos.”

Hay más datos duros que hablan de la compleja situación que priva en la administración pública que pueden ser consultados https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNGF/CNGF2023.pdf.

El segundo piso pende de lo que la administración pública sea capaz de instrumentar en términos de planes, programas, objetivos, transparencia y rendición de cuentas desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Conozco la exposición diagnóstica y los objetivos que se desprendieron del trabajo que realizó la titular del cargo en su paso por el gobierno de AMLO, por lo que en el trabajo colosal que tiene que realizar está en sus manos y la metodología orientada a objetivos  plantada es la base para que cumplan un nuevo papel las instancias del gobierno federal sin que metan goles y las mediación desempeñada impacte en la construcción y fortalecimiento del Estado democrático.

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García,   ha manifestado que ella será empleada del pueblo, lo cual es un gesto de visibilidad que la sociedad debe mantener presente; también es destacable que se debe replantear  el actual diseño institucional de la administración pública  y que  al frente haya cuadros en todos los niveles que se identifiquen como dirigentes del pueblo que actúan colectivamente para sembrar una nueva moda en la entidad.

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