El diputado local de Morena, Bonifacio Castillo Cruz, afirmó que hay hasta 800 indígenas presos en Veracruz que han sido víctimas de una mala integración en su defensa y siguen encarcelados, por lo que hizo un exhorto para que el Poder Judicial del Estado informe de los casos donde están implicados pueblos y comunidades indígenas.
En tribuna, durante la sesión ordinaria celebrada la tarde de este miércoles, el diputado expresó que es grave el estado de indefensión en el que ha vivido dicho sector poblacional frente a la impartición de justicia, derivado de una falta de defensa técnica y adecuada, que incluso está garantizada por la propia Constitución.
Aseguró que esta situación es una violación al principio de presunción de inocencia de que deben gozar todos los procesados, “es por ello que a los integrantes de comunidades indígenas del estado se les vincula a proceso violando su derecho constitucional a ofrecer pruebas con lo que pueden demostrar que no cometieron los hechos constitutivos de delitos que se les imputa o vincula a proceso”, indicó.
El legislador mencionó que las normas jurídicas internacionales determinan que, incluso los procesos penales deben seguirse, a los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con el derecho consuetudinario que debe prevalecer y conforme a los usos y costumbres.
En ese sentido criticó que no solo no se tome en cuenta lo anterior, sino que se les somete a proceso en una lengua que no entienden, derivando en vinculaciones, sentencias o aprehensiones que los mantienen privados de su libertad.
“Fueron sentenciados y tienen privados de su libertad a más de 800 integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en los centros de reclusión del sistema penitenciario estatal, así como también sujetos a vinculación a proceso por diversos delitos en los cuales no tuvieron una defensa adecuada y técnica, por defensores que hablen su lengua materna, que les permitieran ofrecer pruebas e incluso promover juicios de amparo para una defensa”, manifestó.
Por esta razón urgió una revisión integral de todos los autos de vinculación a proceso y sentencias dictadas contra los integrantes de este sector de la sociedad, para constatar si las sentencias condenatorias se dictaron teniendo en cuenta los usos y costumbres.
En caso que el órgano jurisdiccional haya sido omiso al respecto, destacó que dichas sentencias son violatorias de derechos humanos y el debido proceso, por lo que en consecuencia se debe poner en inmediata libertad a los condenados.
En cuanto a los autos de vinculación a proceso, señaló que deben igualmente revisarse si hasta esa etapa procesal fueron debidamente asistidos por un defensor que hablara su lengua materna “y de no ser así, también es violatorio de derechos humanos, debido proceso y del principio de presunción de inocencia”.
Finalmente dijo que la mayoría de los integrantes del sector indígena que están condenados desconocen que tienen derechos y beneficios de preliberación y sanciones no privativas de libertad, por lo que insistió que deben ser revisados todos y cada uno de sus casos.
