Familiares de taxista, quien perdió la vida hace aproximadamente dos mes en un hecho de tránsito terrestre, denunciaron por hechos de corrupción en contra de funcionarios de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), al mentir en el caso de un homicidio doloso, provocado por un hecho de tránsito terrestre y causar un grave detrimento a la justicia.
Arturo Nicolás Baltazar, asesor jurídico de la familia, dio a conocer que dicha denuncia fue presentada el pasado viernes en contra de Héctor Ronzón García García, director de Servicios Periciales; Alexei Díaz Rangel, en su carácter superior jerárquico y de los peritos Irán Blanco Mora y Manuel Antonio Mirón Rebolledo, así como del policía vial que rindió el primer informe porque también mintió.
En conferencia de prensa, en donde el ciudadano José Alfredo González Aguilar, hijo del fallecido José Alfredo González Martínez, demandó la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la fiscala Verónica Hernández Giadáns, se aplique la justicia como debe ser, el abogado dio a conocer que en este caso todos los peritos han mentido, favoreciendo al presunto joven que cometió asesinato doloso.
Expresó que el suceso se dio hace aproximadamente dos meses, en donde el señor Alfredo González Martínez fue embestido por una unidad al ser conducida a exceso de velocidad por un joven, que recientemente había cumplido la mayoría de edad, pero que al momento de conducir, no contaba con licencia de manejo.
Mencionó que al realizar el peritaje, el policía vial mintió desde el momento mismo en que acudió al lugar del accidente en donde el taxi número 378 de esta ciudad, que era manejado por el antes mencionado y que al incorporarse a la calle que comunica al fraccionamiento La Pradera y fue fuertemente impactado por la camioneta Nissan Frontier color blanca, causándole la muerte instantánea y destrozando totalmente el taxi.
De acuerdo al peritaje realizado por los peritos de Servicios Periciales, la unidad era manejada a 78 kilómetros por hora, pero que, por el fuerte impacto recibido, el taxi fue lanzado a unos 27 metros de donde se incorporaba a la avenida que conduce a La Pradera, por lo que no es creíble la velocidad señalada en el peritaje.
Los peritos de Servicios Periciales culpan al taxista de haber cometido el accidente “porque invadió el carril preferente con la circulación de la camioneta, lo cual es mentira, porque al dirigirse el joven hacia la Central de Abasto y venía manejando en el carril de rebase, o sea el carril de alta, de haberse mantenido en ese carril no hubiera provocado el accidente”, dijo José Alfredo González Aguilar, hijo del finado.
Sin embargo, señaló que al rebasar a una camioneta azul y a un motociclista, perdió el control por la velocidad tan alta que iba, hizo una diagonal y se impactó contra el taxi y este homicidio está impune, porque en la FGE no hay apoyo del Fiscal 26, que en ese tiempo era Noé Cruz Martínez y la nueva fiscal, se comprometió a analizar las pruebas y tomar en cuenta un peritaje externo que la familia mandó hacer.
En dicho peritaje externo, realizado por un experto en la materia, comprueba que la velocidad con la que manejaba el joven era de 111.2 kilómetros por hora, en comparación con los 78 kilómetros por hora que dicen y sostienen los peritos de Servicios Periciales.
Además, terció el abogado, hay testigos que presenciaron el accidente y dan cuenta de que el padre del joven ofreció dinero al perito vial, quien fue el primer en mentir, lo que trajo consigo que solicitaran.
“Todos los hechos los manipularon, mintieron de manera artera en agravio de la víctima para exonerar una persona que cometió un homicidio y esto es grave, por lo que los familiares de la víctima solo piden que se haga justicia y que se actúe con imparcialidad y objetividad, porque es obligación de los peritos m actuar conforme a derecho”, añadió.
Finalmente, los familiares pidieron que la titular de la FGE atienda sus demandas, porque lo único que están pidiendo es que se haga justicia y no se culpe a su familiar, que no fue el causante del accidente, que se actúe con imparcialidad y que los actores que participan en la impartición de la justicia cumplan con su trabajo conforme a derecho.
